Desafíos Laborales y la Importancia de la Reforma Judicial en el T-MEC
Antiguos negociadores del capítulo laboral y expertos en el tema alertan que la reestructuración de 2026 del tratado comercial dependerá del ímpetu que México le dé a su justicia laboral, de cómo se lleven a cabo las inspecciones de forma verdaderamente bilateral y de una estrategia que una los asuntos laborales con su política industrial. Asimismo, México tendrá que comprobar que los mecanismos de conciliación laboral van a seguir operando bajo la Reforma Judicial.
El trabajo forzoso, ¿un asunto crucial o un tema de menor importancia? ¿Qué buscarán nuestros vecinos del norte, Estados Unidos y Canadá? Asegurarse de que se cumplan los términos del tratado a pesar de la Reforma Judicial.
Desde su aprobación en 2018, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá ( T-MEC ) introdujo un capítulo laboral que resultó en diversas reformas en pro de los trabajadores de los tres países. Para los antiguos negociadores mexicanos, los avances en derechos laborales en México, incluidos los incrementos al salario mínimo, están íntimamente ligados a este tratado. A escasos meses de la revisión formal en 2026, tanto antiguos negociadores como especialistas coinciden en que aunque México ha progresado en la implementación de reformas estructurales, aún enfrenta nuevos desafíos. Ricardo Aranda, quien estuvo al frente de las mesas laborales y ambientales del tratado, asegura que el empoderamiento del trabajador fue el eje central del rediseño laboral, materializado en la reforma del sistema de justicia y en el respeto a la libertad sindical. Por su parte, Juan Carlos Baker, exsubsecretario de Comercio Exterior, destaca que el capítulo 23 del T-MEC ha permitido que la falta de cumplimiento en temas laborales tenga repercusiones comerciales reales. Solo una pequeña cantidad de casos ha llegado a panel de más de 30 solicitudes, lo que indica que México ha sido receptivo a los reclamos, enfatizó.
Un tema que podría adquirir mayor importancia en la revisión es la lucha contra el trabajo forzado. Si bien México implementó en 2023 una medida para restringir importaciones relacionadas con esta práctica, Aranda opina que se requiere mejorar en la identificación y retención de productos vinculados a violaciones laborales. A diferencia de eso, Baker señala que, aunque no se hayan documentado casos formales en México, “las disciplinas ya están establecidas en el Tratado” y podrían ejercer presión si Estados Unidos percibe que no se están cumpliendo. Ambos coinciden en que la cooperación internacional será crucial para fortalecer la capacidad institucional de México. Aranda remarca que el diálogo con agencias de Estados Unidos y Canadá puede facilitar el aprendizaje técnico y la acción coordinada. El sindicalismo estadounidense, clave para la aprobación del tratado en el Congreso, volverá a desempeñar un papel importante. Según Baker, es probable que los sindicatos de Estados Unidos presionen para ampliar la lista de industrias prioritarias sujetas al mecanismo de respuesta rápida y eliminar requisitos burocráticos que limiten su aplicabilidad. Esta presión podría resultar en una mayor supervisión laboral estadounidense en México. En este contexto, Aranda anticipa un posible endurecimiento de las reglas de origen y un incremento en las exigencias del contenido laboral, lo que podría transformar el T-MEC en un régimen de comercio más regulado.
Óscar Ocampo, director de Desarrollo Económico en el IMCO, afirmó que lo fundamental para México será convencer a Estados Unidos de que ha cumplido con la reforma laboral. Además, subrayó que los centros de conciliación y los nuevos tribunales deben funcionar con independencia y eficiencia a pesar de la Reforma Judicial que permitirá a los ciudadanos elegir a jueces y magistrados en junio próximo. De eso dependerá la credibilidad de la reforma, advierte. Recordemos que, en 2019, México eliminó las Juntas de Conciliación y Arbitraje, tanto a nivel federal como local, y creó Tribunales Laborales, los cuales son administrados por jueces y juezas del Poder Judicial. Ocampo también propuso institucionalizar el mecanismo de respuesta rápida para transformarlo en un sistema bilateral y predecible, parecido a los mecanismos de solución de controversias para inversionistas. Además, sugiere que México debería vincular las obligaciones laborales con incentivos de política industrial para atraer inversiones en sectores que cumplan con altos estándares laborales. Más allá del capítulo laboral, la revisión de 2026 tratará otros temas estratégicos. Ocampo menciona que la industria automotriz y los permisos de importación de productos biotecnológicos serán cuestiones sensibles por sus repercusiones políticas. Así mismo, México deberá atender las inquietudes sobre propiedad intelectual, piratería, regulaciones aduaneras y medidas sanitarias y fitosanitarias, preocupaciones que ya fueron mencionadas por la actual administración del presidente Donald Trump.
En conclusión, es fundamental que México mantenga un enfoque proactivo en la implementación de reformas laborales y su relación con el T-MEC. La forma en que se gestionen estos procesos no solo afectará las relaciones comerciales, sino que también influirá en el desarrollo económico del país. Un marco laboral sólido y confiable contribuirá a atraer inversiones y mejorar las condiciones de trabajo, lo que, a su vez, beneficiará a toda la economía mexicana.
