Moody’s mantiene presión sobre la nota de México por déficit alto y apoyos a Pemex; consolidación fiscal a ritmo lento

Moody’s considera que México conserva amortiguadores ante choques externos, pero advierte que el deterioro fiscal reciente y los pasivos contingentes de Petróleos Mexicanos (Pemex) siguen condicionando la calificación soberana. El país se ubica en Baa2 con perspectiva negativa, lo que implica riesgo de baja si no hay señales claras de disciplina presupuestaria sostenida y mejoras operativas en la petrolera.

La inquietud principal de la agencia es si el “nuevo normal” del balance público dejará atrás el rango histórico de déficit de 2% a 3% del PIB. En 2024, el rojo fiscal superó 5% del PIB, un desvío que elevó la deuda pública en más de cinco puntos del producto en un solo año y encareció su servicio: el pago de intereses ya absorbe alrededor de 17% de los ingresos federales, uno de los niveles más altos entre los emisores con grado de inversión. Para Moody’s, la trayectoria de deuda podría acercarse a 50% del PIB entre 2027 y 2028, dependiendo de la magnitud y la credibilidad de la consolidación.

Pese a la intención de reencauzar las finanzas, el objetivo de consolidación se ha pospuesto hacia 2028, y para 2025 se anticipa aún un déficit superior a 4%. Ese compás de espera mantiene la presión sobre la nota soberana y deja al país más expuesto a cambios en el apetito por riesgo y en las tasas globales.

Del lado del crecimiento, la agencia ubica el potencial de largo plazo cerca de 2%, con una expansión cercana a 1% en 2025 ante la cautela de la inversión privada y cierta incertidumbre política. Para escalar ese techo, México enfrenta retos conocidos: productividad estancada, informalidad elevada, brechas de seguridad, infraestructura y energía con cuellos de botella, y una menor participación laboral femenina respecto a economías pares. La revisión del T-MEC en 2026 será un punto de inflexión para la agenda de competitividad y certidumbre regulatoria.

En el frente macrofinanciero, una postura monetaria aún restrictiva ha contribuido a anclar expectativas de inflación y a sostener el atractivo relativo del peso, pero también incrementa el costo financiero del sector público. La capacidad de México para capitalizar el nearshoring —con inversiones en suelo industrial, logística y energía confiable— será clave para elevar la inversión y el crecimiento potencial sin agravar los desequilibrios fiscales.

El otro eje del análisis es Pemex. Moody’s mejoró la calificación de la petrolera de B3 a B1, apoyada en un esquema multianual de respaldo federal. El plan incluye: notas precapitalizadas por 12,000 millones de dólares para alargar vencimientos; un fondo de 13,300 millones para pago a proveedores; recompras de bonos por 9,900 millones y transferencias de capital por 12,000 millones; además de una línea presupuestaria de 14,000 millones en 2026 para cubrir amortizaciones. Si estas medidas se ejecutan a cabalidad, la deuda financiera podría reducirse de unos 100,000 millones a alrededor de 78,000 millones hacia 2027, con ahorros de intereses cercanos a 1,500 millones de dólares.

Con todo, los riesgos estructurales permanecen: caída o estancamiento de la producción, pérdidas en refinación y necesidades de liquidez recurrentes. El apoyo, si bien “manejable” en el agregado fiscal, incrementa los pasivos contingentes del soberano. La relación fiscal se ha invertido respecto a 2018: de aportar en torno a 2% del PIB, Pemex pasó a ser una carga neta. En 2024, el costo de los apoyos superó a la recaudación por impuestos y derechos petroleros, y la empresa seguiría requiriendo inyecciones de efectivo en 2025-2027; Moody’s estima necesidades por alrededor de 18,400 millones de dólares en 2026 (de los cuales 14,000 millones ya están cubiertos por la línea presupuestaria) y unos 7,500 millones en 2027. La nota intrínseca de Pemex —sin respaldo federal— permanece en territorio Caa.

En términos de calendario, la calificadora no prevé movimientos inmediatos sobre el soberano; su evaluación se concentraría más hacia 2026, cuando haya evidencia sobre el sendero de consolidación y resultados más tangibles de Pemex. Señales que el mercado observará de cerca incluyen un ancla fiscal creíble a mediano plazo, mejoras en eficiencia del gasto, fortaleza de la recaudación no petrolera y avances regulatorios que faciliten inversión privada, particularmente en infraestructura y energía.

Observación final: el balance de riesgos sigue inclinado a la baja mientras el déficit se mantenga elevado y Pemex requiera apoyos significativos. La ventana de oportunidad está del lado de una consolidación gradual pero verificable, la captura ordenada del nearshoring y un entorno institucional que aumente productividad. Sin estos elementos, la calificación continuará bajo escrutinio; con ellos, México podría sostener el grado de inversión y reducir vulnerabilidades.