SAT apunta a una recaudación récord en 2026: más fiscalización, digitalización y control en aduanas

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene como objetivo recaudar alrededor de 5.8 billones de pesos en 2026, una meta histórica que refleja el giro de la política fiscal mexicana hacia una mayor eficiencia recaudatoria sin depender, en principio, de aumentos generalizados de tasas. El planteamiento se enmarca en la Ley de Ingresos de la Federación para 2026, donde los ingresos tributarios concentran una proporción creciente del total de recursos públicos frente a años previos.

El plan para alcanzar ese monto combina medidas de facilitación y mayor vigilancia del cumplimiento, con ajustes focalizados a impuestos al consumo y un fortalecimiento del combate a la evasión. En el desglose previsto, el Impuesto Sobre la Renta (ISR) seguiría siendo el pilar recaudatorio, acompañado por el IVA y el IEPS, una estructura consistente con la actual arquitectura tributaria del país, donde la carga recae principalmente en impuestos internos y, en menor medida, en gravámenes ligados al comercio exterior.

Una de las apuestas centrales está en la digitalización y el uso intensivo de información para fiscalizar. En los últimos años, la autoridad ha perfeccionado herramientas como la factura electrónica (CFDI), los complementos de pago, la información de nómina y la trazabilidad de operaciones, lo que ha elevado la capacidad para detectar inconsistencias, simulación y subdeclaración. Para 2026, la estrategia se profundiza con nuevas facultades y reglas operativas enfocadas en operaciones consideradas de riesgo, particularmente las relacionadas con “factureras” y empresas fantasma, que suelen funcionar como vehículos para deducciones improcedentes o acreditamientos indebidos.

En este contexto, el mensaje oficial apunta a que el endurecimiento se enfocará en esquemas de evasión y no en contribuyentes cumplidos; aun así, el entorno eleva la importancia de la gestión preventiva. Para empresas y personas físicas con actividad empresarial, esto implica reforzar controles internos: validar proveedores, resguardar evidencia de la materialidad de operaciones (contratos, entregables, bitácoras, pagos, logística), y monitorear listas y comunicados del SAT. En una economía donde la fiscalización se apoya cada vez más en cruces automatizados, pequeñas inconsistencias pueden derivar en requerimientos, auditorías o controversias.

Otro componente relevante de la meta recaudatoria es el comercio exterior. La coordinación entre el SAT, la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y dependencias económicas busca cerrar espacios al contrabando y a prácticas de subvaluación, mediante revisiones más profundas en aduanas y un mayor seguimiento documental en el traslado de mercancías, incluida la Carta Porte. En paralelo, el ajuste a reglas para importaciones vinculadas a plataformas digitales y paquetería —con cambios sobre umbrales de valor y tratamiento fiscal— pretende reducir arbitrajes que erosionan la base gravable.

La recaudación asociada a importaciones y operaciones aduaneras cobra especial relevancia en un momento en que México sigue integrado a las cadenas regionales de manufactura y logística de Norteamérica. El fenómeno del nearshoring, aunque con avances dispares por limitantes como energía, agua, seguridad y capacidad de infraestructura, mantiene el comercio exterior como un motor de actividad y, por extensión, una fuente de ingresos tributarios si se fortalece el cumplimiento en aduanas.

Para 2026 también se contempla la aplicación de aranceles a países sin acuerdo comercial con México, con énfasis en productos provenientes de Asia, particularmente China, y en sectores sensibles como automotriz, textil, vestido, plástico, electrodomésticos y calzado. Además de su efecto recaudatorio, esta medida puede tener implicaciones sobre precios y márgenes en cadenas de suministro: si los importadores trasladan costos, podría presionar algunos bienes al consumidor; si absorben el impacto, reduciría rentabilidad. En ambos casos, el efecto neto dependerá de elasticidades, sustitución por proveedores regionales y del comportamiento del tipo de cambio.

En el telón de fondo está una discusión mayor sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas. México mantiene, en comparación internacional, una recaudación tributaria baja respecto del PIB para un país de la OCDE, lo que limita el margen de maniobra presupuestal. En los últimos años, la prioridad ha sido aumentar la recaudación mediante eficiencia administrativa y combate a la evasión, más que con una reforma fiscal amplia. Sin embargo, el reto de financiar infraestructura, seguridad, salud, educación y transición energética —al tiempo que se atienden presiones de gasto y compromisos de inversión pública— podría reabrir el debate sobre la estructura tributaria en el mediano plazo.

Hacia adelante, el cumplimiento de la meta de 2026 dependerá tanto de la capacidad operativa del SAT y aduanas como del desempeño de la actividad económica. Si el crecimiento se desacelera, la recaudación podría enfrentar vientos en contra; si se consolida la inversión manufacturera y el consumo interno se sostiene, el objetivo resulta más alcanzable. La clave estará en equilibrar una fiscalización más intensa con certidumbre para los contribuyentes, evitando fricciones que encarezcan el cumplimiento o desalienten la formalidad.

En síntesis, la apuesta del SAT para 2026 combina mayor control digital, combate focalizado a la evasión y un reforzamiento aduanero con ajustes arancelarios. El objetivo recaudatorio luce ambicioso y, de concretarse, fortalecería la capacidad financiera del Estado; el desafío será mantener reglas claras y costos de cumplimiento razonables para que el aumento en ingresos no se traduzca en incertidumbre para empresas y hogares.