ABM advierte: la inseguridad encarece hacer negocios y limita el potencial de crecimiento
La banca sostiene que mejorar seguridad y productividad podría elevar el crecimiento, pero advierte que la inversión exige certidumbre y reducción de costos.
México mantiene un desempeño económico moderado tras varios años de expansión por debajo de su potencial, un fenómeno que —de acuerdo con la Asociación de Bancos de México (ABM)— está estrechamente ligado a rezagos estructurales de productividad, eficiencia y generación de valor agregado. En vísperas de la 89 Convención Bancaria, el presidente del organismo, Emilio Romano, colocó además a la inseguridad como un factor que no solo frena proyectos de inversión, sino que aumenta los costos de operación y deteriora el ambiente para hacer negocios.
El argumento del gremio bancario parte de un diagnóstico ampliamente compartido por analistas: cuando la economía crece poco, la creación de empleos formales se vuelve más lenta, la recaudación enfrenta límites y se reducen los márgenes para financiar infraestructura y políticas públicas. En ese contexto, la seguridad pública se vuelve también una variable económica: incide en el costo de asegurar mercancías, en la logística, en la continuidad operativa y en la decisión de expandir plantas, abrir sucursales o mover inventarios. Para las empresas, la violencia y la extorsión pueden actuar como un “impuesto” extra que reduce rentabilidad y altera planes de expansión.
La Convención Bancaria —que reúne a banqueros, reguladores y autoridades— se perfila como un espacio para aterrizar compromisos entre el sector financiero y el gobierno orientados a ampliar la colocación de crédito, particularmente hacia proyectos de infraestructura y pequeñas y medianas empresas. La presidenta Claudia Sheinbaum asistirá al encuentro, en medio de un debate sobre cómo acelerar el crecimiento sin descuidar estabilidad financiera y sostenibilidad fiscal.
Romano señaló que el gobierno ha puesto la seguridad como prioridad y citó una reducción de homicidios reportada por la administración. La tesis de la ABM es que, si se reducen fricciones que inhiben la inversión productiva —incluida la inseguridad—, México podría aspirar a tasas de crecimiento de 3% a 4% en un horizonte de mediano plazo. No obstante, ese escenario depende de que la inversión privada y pública se encadenen, que se fortalezca el Estado de derecho y que los proyectos cuenten con reglas claras y ejecución consistente.
Crédito e infraestructura: la apuesta para elevar el crecimiento potencial
En el diagnóstico bancario, la infraestructura puede convertirse en un motor para elevar el crecimiento potencial si se acompaña de financiamiento y de condiciones que reduzcan riesgos. El gremio ha planteado la meta de aumentar el crédito como proporción del PIB de alrededor de 38% a 45% hacia 2030, un avance que —de lograrse— acercaría a México a niveles de profundización financiera más altos, aunque todavía por debajo de economías comparables. Para ello, estima que se requerirían inversiones del orden de 4.5 billones de pesos y, como primer escalón, una expansión del crédito cercana a 1.2 billones de pesos en 2026, con énfasis en proyectos productivos y cadenas de proveedores.
La oportunidad coyuntural que mencionó la ABM es el impulso a obras vinculadas al Mundial, donde el efecto económico no proviene solo del evento, sino de la aceleración de proyectos en carreteras, caminos, aeropuertos y servicios urbanos. En el mejor de los casos, los beneficios se amplifican si las obras se traducen en menores costos logísticos y mayor conectividad para el comercio interno y las exportaciones. Aun así, el impacto final depende de la calidad del gasto, la transparencia de la ejecución y la capacidad para evitar sobrecostos asociados a riesgos de seguridad.
En paralelo, la banca busca simplificar la apertura de cuentas y ampliar el acceso a servicios digitales. La inclusión financiera, además de elevar la eficiencia de pagos y reducir uso de efectivo, puede mejorar la trazabilidad de operaciones y abaratar la originación de crédito, especialmente para micronegocios. Sin embargo, la digitalización también exige reforzar ciberseguridad y educación financiera para contener fraudes, un riesgo que aumenta conforme crece la adopción de canales remotos.
El entorno, de todos modos, no está exento de incertidumbre. La evolución de la economía de Estados Unidos suele ser un determinante clave para México por su peso en exportaciones, remesas e inversión; además, los cambios institucionales —incluida la discusión sobre reformas— pueden influir en la percepción de riesgo y en el costo de financiamiento. Aun con ese telón de fondo, el planteamiento de la ABM apunta a que una agenda de certidumbre regulatoria, seguridad y productividad podría mejorar la inversión y el crecimiento, siempre que se mantenga la estabilidad macroeconómica.
En síntesis, el mensaje del sector bancario es que México no enfrenta solo un reto cíclico, sino un desafío estructural: elevar productividad y reducir riesgos asociados a la inseguridad. La combinación de infraestructura bien ejecutada, mayor profundidad de crédito y mejoras en Estado de derecho aparece como condición necesaria para acercarse a tasas de crecimiento más altas, aunque la materialización de ese escenario dependerá de coordinación pública-privada y resultados verificables en seguridad y confianza.
