Alza al IEPS del tabaco reaviva debate sobre contrabando, recaudación y salud pública

La propuesta del gobierno federal para incrementar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) al tabaco reabre un debate que trasciende la salud pública y alcanza la recaudación, el mercado laboral del pequeño comercio y la estrategia contra la informalidad. El planteamiento eleva la tasa ad valorem de 160% a 200% y ajusta gradualmente la cuota específica por cigarro, de 0.61 pesos a 0.85 pesos en 2026 y a 1.15 pesos en 2030. El proyecto, que busca desincentivar el consumo y fortalecer el financiamiento de la atención de enfermedades asociadas al tabaquismo, se discute en la Cámara de Diputados y posteriormente en el Senado, con entrada en vigor prevista para el 1 de enero de 2026, sujeta a cambios en el proceso legislativo.

El ajuste tendría efectos directos en precios al consumidor y en la estructura del mercado. Organizaciones del comercio en pequeño estiman que una cajetilla formal podría acercarse a 100 pesos, mientras en el ambulantaje se consiguen presentaciones ilegales por 20 a 25 pesos. La literatura disponible muestra que, tras incrementos significativos de precios, el mercado ilícito se expande: tras el alza de 2011, la Concamin reportó que la participación de productos ilegales pasó de 2% en 2010 a 16.6% en 2013. Estudios más recientes y testimonios del sector hablan de un rango amplio —de alrededor de 20% hasta “cerca de la mitad” del mercado—, con presencia de producción clandestina local y contrabando desde el exterior. Estas brechas de precio afectan a 1.2 millones de tienditas, minisúpers y misceláneas que dependen de la venta de alta rotación para atraer clientela.

En el frente fiscal, el IEPS a tabaco ha mostrado una aportación decreciente. De acuerdo con cifras de Hacienda, desde 2019 la recaudación anual presenta caídas reales; al cierre de 2024 descendió 6.9% respecto de 2023 y aportó 0.8% de los ingresos presupuestarios, por debajo del pico de 1.4% observado en 2012. La Concamin calcula pérdidas de entre 13,000 y 15,000 millones de pesos por evasión ligada al comercio ilícito. En un contexto en el que México mantiene una razón de ingresos tributarios respecto del PIB relativamente baja en comparación internacional, los ajustes a los “impuestos saludables” se perciben como una vía de recaudación adicional, aunque con riesgos de elasticidad-precio y sustitución hacia mercados informales si la fiscalización no se fortalece.

En términos de costos sociales, organizaciones de la sociedad civil subrayan que el tabaquismo genera cargas económicas muy superiores a lo recaudado. Fundar estima que en 2024 los costos totales asociados al consumo de tabaco alcanzaron 194,700 millones de pesos (0.57% del PIB), frente a 46,943 millones recaudados por IEPS (0.14% del PIB). La evidencia internacional —respaldada por la OMS— señala que los impuestos son la medida más efectiva para reducir el consumo, en especial entre jóvenes; sin embargo, su eficacia depende de cerrar espacios al comercio ilegal. Por su parte, centros de investigación han alertado que los cigarrillos ilícitos pueden incorporar sustancias no reguladas y que su disponibilidad “suelta” en tianguis facilita el acceso de menores, amplificando riesgos sanitarios.

Para el comercio de barrio, los cigarrillos suelen ser un producto “ancla” que genera flujo de clientes y ventas complementarias. Un incremento acelerado de precios podría desplazar compras hacia el ambulantaje, presionando márgenes y empleo en un segmento que sostiene el ingreso de millones de familias y opera en un entorno donde la informalidad laboral ronda la mitad de la población ocupada. En el frente de precios al consumidor, el tabaco tiene un peso acotado en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, por lo que el impacto macro en la inflación sería limitado; no obstante, el efecto micro en hábitos de consumo y en canales de venta podría ser notable.

El diseño de la política tributaria será clave. Especialistas sugieren reforzar la vigilancia aduanera y de verificación interna, implementar sistemas de trazabilidad y timbrado efectivos, armonizar sanciones y controles a la venta al menudeo (incluida la prohibición de venta por pieza), y combatir redes de producción clandestina. También recomiendan calibrar la mezcla entre cuota específica y ad valorem para reducir dispersión de precios y evitar que segmentos de bajo costo queden por debajo de un umbral mínimo. La discusión sobre etiquetar o no los ingresos para salud enfrenta límites legales y operativos del presupuesto, pero la transparencia en el destino del IEPS sería un elemento de credibilidad.

A futuro, el mercado podría reacomodarse con una menor demanda formal si el diferencial de precios se amplía sin un control efectivo del contrabando, o bien con una reducción sostenida del consumo si el alza fiscal viene acompañada de fiscalización y prevención. Elementos a seguir: el texto final en el Congreso, los recursos para aduanas y autoridades fiscales, la coordinación con estados y municipios en inspección a puntos de venta, y la interacción con otras regulaciones de control del tabaco. El balance entre salud pública, recaudación y competencia formal dependerá de la ejecución.

En síntesis, el aumento del IEPS al tabaco busca desalentar el consumo y fortalecer ingresos, pero su efectividad descansará en la capacidad del Estado para cerrar brechas al mercado ilícito y en un diseño tributario que minimice distorsiones. La discusión legislativa deberá ponderar evidencia sobre salud, recaudación y efectos en el pequeño comercio, además de acompañar la medida con fiscalización y trazabilidad para evitar que el contrabando capture los incentivos.