Salud mental y productividad: un desafío silencioso para el mercado laboral en México
La evidencia reciente sugiere que el aumento de los suicidios en México no sigue un patrón lineal con la pobreza, y esa disociación tiene implicaciones de primer orden para la economía. Mientras entidades con elevados rezagos sociales como Chiapas y Guerrero reportan tasas bajas, estados con mayor dinamismo industrial y urbano, como Chihuahua o Yucatán, concentran niveles más altos. Más allá del problema de salud pública, el fenómeno remite a la calidad de los entornos laborales, al tejido comunitario y al costo económico de los riesgos psicosociales en un mercado de trabajo presionado por la urbanización, la formalización paulatina del empleo y el avance del nearshoring.
De acuerdo con datos del Inegi, en 2023 se registraron 8,837 suicidios, una tasa de 6.8 por cada 100 mil habitantes; la cifra preliminar de 2024 apunta a 6.9. La sobremortalidad masculina es marcada. El contraste territorial es notable: Chihuahua y Yucatán se ubican entre las tasas más altas, mientras Chiapas y Guerrero entre las más bajas. Este mapa no calca el de la pobreza, lo que refuerza la hipótesis de que factores como la cohesión social, el sentido de pertenencia y las redes de apoyo influyen tanto o más que el ingreso en la protección frente al aislamiento, especialmente en grandes urbes y polos industriales.
Para la economía, el ángulo relevante es el impacto en productividad, ausentismo, rotación y accidentes de trabajo. La norma oficial sobre factores de riesgo psicosocial (NOM-035) obliga a identificar y mitigar estos riesgos, pero su aplicación es heterogénea, sobre todo entre micro y pequeñas empresas. En sectores con fuerte presión operativa —manufactura, logística, servicios intensivos— el costo de no gestionar el estrés laboral se refleja en menor eficiencia, paros no programados y mayores primas de riesgo. En contraste, comunidades con mayor capital social suelen exhibir amortiguadores informales que reducen tensiones, aun en contextos de ingreso limitado.
Otro flanco es el aseguramiento. Directivos empresariales han subrayado que los seguros de gastos médicos mayores suelen excluir padecimientos de salud mental, lo que traslada el costo a los hogares y al sistema público. Organismos empresariales, como Canacintra, han llamado a legislar para integrar la salud mental en las coberturas y a fortalecer la prevención en centros de trabajo, en coordinación con el IMSS. En paralelo, la Secretaría de Salud ha expandido servicios comunitarios de salud mental y adicciones en varios estados, aunque la demanda supera la capacidad instalada, especialmente en zonas metropolitanas.
El contexto macro añade presión. Tras un trienio de crecimiento sólido, la actividad se ha moderado en 2024, con la inflación aún por encima del objetivo del banco central, salarios reales al alza y condiciones financieras restrictivas. La competencia por talento en corredores industriales del norte y el Bajío, combinada con la relocalización de cadenas de suministro, eleva la exigencia de ambientes laborales saludables como parte de la propuesta de valor para retener personal calificado. Inversionistas con criterios ESG observan cada vez más la gestión de riesgos psicosociales como un componente de gobernanza y continuidad operativa.
La conversación pública suele vincular bienestar con ingreso, pero los datos matizan esa relación: el bienestar subjetivo y la cohesión social importan y pueden convivir con tensiones económicas. Incluso reportes internacionales han subrayado el papel de la familia extensa y las prácticas prosociales en la percepción de felicidad en México, aunque advierten límites y compensaciones en el bienestar material. Para la política pública, el reto es doble: mejorar ingresos y empleo de calidad, y a la vez reforzar capacidades de salud mental en el primer nivel de atención y en los centros de trabajo.
En síntesis, la geografía del suicidio en México revela una falla de mercado y de política pública: la protección frente al riesgo psicosocial no se distribuye por nivel de ingreso, sino por capital social y entorno laboral. Integrar la salud mental a los seguros, cumplir y hacer efectiva la NOM-035, y medir de forma más fina los costos productivos puede traducirse en menos accidentes, menor rotación y mayor productividad. Es un frente silencioso, pero estratégico, para la competitividad del país.