Revisión del T-MEC intensifica la presión para que México implemente un filtro de seguridad a la inversión extranjera
México llega a la revisión de medio término del T-MEC con una diferencia clave frente a Estados Unidos y Canadá: carece de un mecanismo formal para evaluar y, en su caso, condicionar o bloquear inversiones extranjeras por razones de seguridad nacional o estratégica. En un contexto de tensiones geopolíticas, relocalización de manufactura y cadenas de suministro más sensibles, esta ausencia se ha convertido en un foco de preocupación para Washington y Ottawa, que ven en el país un eslabón potencialmente vulnerable dentro de la arquitectura económica de Norteamérica.
Mientras Estados Unidos opera desde hace décadas el CFIUS —un comité interinstitucional que revisa adquisiciones y participaciones de capital extranjero en sectores críticos— y Canadá aplica la Investment Canada Act con criterios de “beneficio neto” y “seguridad nacional”, México se rige por la Ley de Inversión Extranjera y la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, cuyo mandato se concentra en actividades reservadas y límites de participación, no en riesgos de seguridad. A ello se suman revisiones de competencia económica y controles antilavado, pero no existe un tamiz integral de seguridad económica comparable al de sus socios.
La discusión ganó tracción a partir de audiencias públicas en Estados Unidos sobre el desempeño del T-MEC, donde especialistas advirtieron que, sin un esquema de “investment screening”, México queda expuesto a operaciones de alto riesgo y crea asimetrías regulatorias en la región. Las inquietudes incluyen triangulación de mercancías hacia el mercado estadounidense —particularmente en acero, vehículos conectados, equipo médico o logística portuaria— y una mayor presencia de capital con origen en China, que ha acelerado su desembarco en México al calor del nearshoring. La digitalización de procesos productivos, el manejo de datos y el avance de tecnologías sensibles elevan el perfil de riesgo en cadenas como semiconductores y minerales críticos.
Hay antecedentes de coordinación. En diciembre de 2023, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la Secretaría de Hacienda firmaron un memorándum de intención que reconoció la relevancia del control de inversiones como herramienta de seguridad económica. Desde entonces, en el debate público surgieron dos rutas: crear un mecanismo nacional que articule a dependencias como Hacienda, Economía, Seguridad, Defensa, Marina, Relaciones Exteriores, IFT y Cofece; o avanzar hacia un arreglo coordinado trilateral que facilite intercambio de información, trazabilidad de beneficiarios finales y criterios comunes de mitigación de riesgos.
Adoptar un filtro de seguridad no implica cerrar la puerta a la inversión extranjera —uno de los motores del crecimiento en México—, pero sí requeriría reglas claras, plazos definidos y salvaguardas de debido proceso para evitar discrecionalidad. La experiencia internacional muestra que marcos bien diseñados brindan certidumbre a los inversionistas genuinos y, a la vez, permiten identificar y mitigar riesgos en infraestructura crítica, datos, energía, telecomunicaciones y tecnologías avanzadas. Un diseño opaco o excesivamente restrictivo, en cambio, podría entorpecer proyectos y encarecer el financiamiento.
El debate ocurre cuando México capitaliza el reacomodo de cadenas productivas: el país se consolidó como principal socio comercial de Estados Unidos y los anuncios de ampliación de plantas en el norte y el Bajío continúan. Aun así, persisten cuellos de botella en energía eléctrica, agua, logística y permisología que condicionan la llegada de capital. Cualquier esquema de revisión de inversiones tendría que coordinarse con esta agenda de infraestructura y Estado de derecho, y fortalecer capacidades para rastrear estructuras de propiedad, flujos financieros y el uso de tecnología sensible.
De cara a la revisión del T-MEC prevista a los seis años de su entrada en vigor, el tema puede escalar a la mesa de negociación junto con asuntos laborales, energéticos y de cumplimiento. Si México no define un mecanismo propio, es plausible que Estados Unidos y Canadá redoblen exigencias para cerrar brechas, o adopten medidas unilaterales que impacten a proveedores establecidos en territorio mexicano. Un marco de investment screening permitiría a México alinearse con sus socios, reducir vulnerabilidades dentro de la región y ofrecer mayor previsibilidad a la ola de inversiones asociadas al nearshoring.
En síntesis, la ausencia de un filtro de seguridad a la inversión se volvió un tema estratégico: México enfrenta el reto de equilibrar apertura y protección, con reglas transparentes y coordinación regional. De su diseño dependerá si se convierte en un elemento que fortalezca la integración norteamericana o en una nueva fuente de fricción en la revisión del T-MEC.