Reforma aduanera avanza en Diputados; sector privado alerta por costos, certidumbre y competitividad

La Cámara de Diputados aprobó una reforma amplia a la Ley Aduanera con el argumento de modernizar procesos, cerrar espacios al contrabando y fortalecer la recaudación. El paquete, que ahora pasará al Senado, es relevante por el peso del comercio exterior en la economía: casi siete de cada diez pesos del PIB están vinculados a exportaciones e importaciones, y las aduanas son una fuente clave de ingresos y control. Mientras el gobierno subraya la digitalización y la homologación de sistemas, diversas cámaras empresariales piden calibrar sanciones, cargas operativas y alcances regulatorios para no entorpecer la actividad productiva en un entorno de relocalización manufacturera.

De acuerdo con la Agencia Nacional de Aduanas de México, entre enero y agosto de 2025 la recaudación aduanera ascendió a 953,754 millones de pesos, un incremento real de 18.6% frente al mismo lapso del año previo. Con esa inercia, la autoridad impulsa la creación de un Consejo Aduanero, endurece requisitos a agentes y usuarios, y plantea un esquema simplificado para mensajería y paquetería a fin de contener la subvaluación y el fraccionamiento de envíos del comercio electrónico. El énfasis oficial está en digitalizar, integrar bases de datos y aplicar gestión de riesgo para hacer más trazables las operaciones.

Las asociaciones empresariales, si bien reconocen los avances en interoperabilidad y estandarización, advierten sobre efectos colaterales. Un punto sensible es el artículo 86A, que llevaría a pagar contribuciones antes del cruce y nuevamente al definir el régimen, para después solicitar devoluciones. Este tránsito implicaría inmovilizar capital y multiplicar trámites, afectando el flujo de efectivo, sobre todo en cadenas que operan con inventarios just-in-time. También genera incertidumbre el artículo 135B, al sugerir que procesos de transformación dentro de recintos fiscalizados estratégicos podrían gravarse, lo que alteraría la esencia de esos esquemas diseñados para atraer inversión.

Otro foco de atención son las sanciones. Representantes del sector aduanero consideran que multas de 250% a 300% del valor de las mercancías pueden resultar desproporcionadas para faltas administrativas y abrir el riesgo de litigios por posible carácter confiscatorio. Se cuestiona, además, que embargos precautorios por etiquetado pasen de penalizaciones marginales a montos significativamente más altos, lo que elevaría tiempos y costos logísticos en cadenas donde los insumos importados representan la mayor parte de las operaciones.

Para los agentes aduanales, la ampliación de responsabilidades —como la exactitud integral del pedimento, el cálculo de contribuciones y la correcta asignación del régimen— podría traducirse en mayores costos de cumplimiento, duplicidad de controles y más litigios. Sectores con alta complejidad técnica, como el químico, farmacéutico y agroindustrial, serían especialmente sensibles a la interpretación de normas y a la integración de expedientes con documentación técnica especializada.

En la manufactura de exportación, que participa con más de la mitad de las ventas externas del país y millones de empleos formales, preocupa el impacto en operaciones IMMEX, en particular sobre transferencias virtuales que agilizan flujos intraempresa. También se anticipan efectos en la certificación de Operador Económico Autorizado si se restringe su reinstalación ante incumplimientos menores, lo que podría debilitar reconocimientos mutuos con socios del T-MEC y encarecer el despacho al perder beneficios de facilitación.

El dictamen incorporó ajustes puntuales para dar certidumbre de largo plazo: se extiende de 10 a 20 años la vigencia de patentes de agentes aduanales y autorizaciones de agencias, con posibilidad de prórroga similar; la recertificación profesional pasa de cada dos a cada tres años; y se permite garantizar contribuciones y cuotas compensatorias mediante cartas de crédito, además de cuentas aduaneras. Los artículos transitorios aclaran que estas vigencias aplicarán también a autorizaciones ya existentes. Aunque positivos, los cambios no modifican los aspectos más controvertidos sobre sanciones y cargas operativas.

El debate se inserta en un panorama mixto para México: la inversión asociada al nearshoring se mantiene como motor, pero persisten cuellos de botella en infraestructura fronteriza, capacidad portuaria, energía y agua. La volatilidad del tipo de cambio y una desaceleración del ciclo industrial estadounidense añaden presión a márgenes e inventarios. En paralelo, el T-MEC establece compromisos de facilitación, gestión de riesgo y cooperación aduanera que exigen reglas claras y previsibles; cualquier sobrerregulación que incremente tiempos de despacho puede erosionar la ventaja de costos y cercanía geográfica que hoy capitaliza el país.

Hacia adelante, el reto legislativo será afinar la reforma para equilibrar control y competitividad. Una ruta es profundizar el enfoque en gestión de riesgo, inteligencia y trazabilidad —en lugar de sanciones generalizadas— para concentrar la fiscalización en operaciones de alto perfil y, al mismo tiempo, liberar de cargas a los cumplidos. La certidumbre jurídica y la proporcionalidad de las multas serán factores decisivos para evitar amparos masivos, mantener flujos de inversión y aprovechar la ventana del reacomodo global de cadenas.

En síntesis, la reforma busca modernizar y recaudar más, pero su diseño final deberá evitar fricciones que encarezcan el comercio exterior. El Senado tendrá en sus manos ajustar sanciones, secuencias de pago y responsabilidades, para asegurar que la lucha contra la evasión no se traduzca en más costos, plazos e incertidumbre para empresas que hoy sostienen el impulso exportador de México.

Observación final: el equilibrio entre control fiscal y facilitación comercial será clave en un año de alta competencia por inversiones. Si el Senado modera sanciones y refuerza la gestión de riesgo, la reforma puede fortalecer la trazabilidad sin mermar la competitividad; si no, podría alargar plazos y capital de trabajo, justo cuando el país compite por consolidar el nearshoring.