Economía informal y evasión fiscal: desafíos persistentes para la recaudación y el combate al lavado de dinero en México

El fenómeno del lavado de dinero en México trasciende las actividades ilícitas tradicionales para extenderse en ámbitos como la economía informal y la evasión fiscal, problemas interrelacionados que han dificultado la captación fiscal y presentan riesgos al sistema económico. Así lo advierte el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), cuyos especialistas resaltan el rezago estructural de la recaudación en comparación con otros países de América Latina y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

De acuerdo con cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), México recauda el equivalente al 17.7% de su Producto Interno Bruto (PIB) a través de impuestos, ubicándose entre los países latinoamericanos con menor captación, muy por debajo del promedio regional (21.3%) y del promedio de la OCDE (33.9%). Países como Brasil, por ejemplo, alcanzan un porcentaje cercano al doble de lo registrado en México.

Uno de los factores centrales detrás de la baja recaudación tributaria es la alta prevalencia de la economía informal, la cual, según datos más recientes, representó el 24.8% del PIB en 2023, el nivel más alto observado en al menos dos décadas. Además, más de la mitad de los empleos en el país se generan en la informalidad. Esta dinámica favorece la evasión fiscal, pues los actores económicos fuera del marco regulatorio del Servicio de Administración Tributaria (SAT) no contribuyen con el Impuesto sobre la Renta (ISR), carecen de registro en el padrón oficial y, en muchos casos, realizan transacciones en efectivo, dificultando la trazabilidad de los recursos.

El entorno informal es propicio para la infiltración de dinero de procedencia ilícita en el circuito formal, ya sea por individuos o empresas, lo que facilita los delitos de lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Así lo concluye la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo 2023, elaborada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que además advierte sobre la utilización de empresas fantasma constituidas con el propósito de simular actividades económicas y evadir la aplicación de la ley.

La administración fiscal mexicana, a través del SAT, ha intensificado sus esfuerzos para contrarrestar estos retos. En años recientes, las acciones de fiscalización han estado acompañadas de programas de capacitación dirigidos a su personal y de la incorporación de herramientas avanzadas como la inteligencia artificial, utilizadas para el análisis y cruce de información antes de la realización de auditorías. Según el Plan Maestro 2025, la estrategia se enfoca particularmente en grandes y medianas empresas, así como en sectores económicos identificados con altos índices de evasión y elusión fiscal.

A futuro, los desafíos para mejorar la recaudación y combatir el lavado de dinero seguirán centrados en reducir los altos índices de informalidad, fortalecer los mecanismos regulatorios y cerrar las brechas que permiten actividades ilícitas a través de mecanismos sofisticados como la simulación de operaciones y facturación falsa. La evolución del marco legal y el uso de tecnología avanzada serán determinantes para aumentar la transparencia y robustecer las finanzas públicas del país.

En síntesis, la economía mexicana enfrenta el reto persistente de integrar a un amplio sector informal y de combatir prácticas de evasión fiscal que favorecen la circulación de recursos ilícitos. El fortalecimiento institucional y la modernización tecnológica constituyen herramientas clave para afrontar estas problemáticas y encaminar a México hacia un entorno económico más formal, transparente y robusto.