Salarios de profesionistas pierden terreno: inflación, costos laborales e informalidad aprietan a la clase media
El poder de compra de muchos profesionistas se ha rezagado frente a los precios, mientras el mercado formal no logra traducir experiencia y estudios en mejores sueldos.
Para una parte creciente de los profesionistas en México, el paso de los años no se ha traducido en una mejora proporcional del ingreso. Aunque acumulan experiencia, certificaciones y más responsabilidades, una realidad se repite en distintos sectores: el salario avanza poco —o nada— frente al encarecimiento de bienes y servicios. El resultado es una presión silenciosa sobre la clase media asalariada, que ajusta consumo, pospone metas patrimoniales y, en algunos casos, reconsidera su permanencia en el empleo formal.
El fenómeno ocurre en un contexto económico complejo. Tras el repunte inflacionario observado entre 2021 y 2023, la inflación general se moderó, pero dejó un nivel de precios más alto en rubros sensibles (alimentos fuera del hogar, servicios, rentas, colegiaturas y salud). Para hogares con hijos o con gastos fijos crecientes, la estabilidad nominal del salario equivale a una pérdida real. En paralelo, la economía mexicana ha mostrado un crecimiento moderado y con episodios de desaceleración, lo que limita el margen de muchas empresas para otorgar aumentos generalizados por encima de la inflación.
Distintas mediciones del mercado laboral apuntan a una recuperación desigual: los salarios de trabajadores con educación superior han tendido a mejorar lentamente en años recientes, pero con alta volatilidad por sector, región y tamaño de empresa. En los hechos, el desempeño del salario real para licenciatura y posgrado no ha sido uniforme y, para una parte de los ocupados, la brecha entre costo de vida y remuneración sigue abierta.
El contraste se vuelve más evidente frente a la política de incrementos al salario mínimo aplicada desde 2019, que ha elevado con fuerza el piso salarial. El objetivo ha sido recuperar poder adquisitivo en la base de la pirámide, pero el “efecto escalera” —que empuja hacia arriba al resto de los salarios— no siempre se materializa con la misma intensidad, sobre todo en puestos administrativos, mandos medios y perfiles profesionales en sectores con baja productividad o alta oferta de mano de obra.
En términos prácticos, muchos profesionistas perciben que su ingreso “se acerca” al mínimo: no porque el mínimo sea excesivo, sino porque su trayectoria salarial quedó comprimida. Esta compresión pega en decisiones cotidianas (renta vs. compra de vivienda, educación privada vs. pública, gasto en transporte, ahorro para retiro) y también en la motivación laboral, al percibirse que el incremento de responsabilidades no viene acompañado de una mejora sustantiva del salario.
El mercado formal se encarece: prestaciones, reformas y márgenes empresariales
Parte del estancamiento salarial en segmentos profesionales se explica por el aumento del costo total de contratar formalmente. En los últimos años se acumularon cambios regulatorios y laborales —desde ajustes en esquemas de subcontratación hasta mayores obligaciones de vacaciones y actualizaciones en normas y riesgos de trabajo— que, en la práctica, elevan el costo integral de nómina. Para grandes compañías, estos cambios suelen absorberse con productividad, escala o automatización; para micro y pequeñas empresas, que concentran la mayoría de los empleadores en México, el margen es estrecho y las decisiones se vuelven defensivas: congelar plazas, limitar aumentos, sustituir contratación por servicios externos o, en el peor de los casos, pasar a la informalidad.
Este entorno también interactúa con la incertidumbre operativa que suele citar el sector privado: tiempos y costos de cumplimiento, variabilidad regulatoria y presiones fiscales. Cuando el gasto laboral sube más rápido que la productividad, las empresas tienden a “cuidar” incrementos para sueldos medios y altos porque multiplican cuotas, contribuciones y prestaciones asociadas, haciendo más cara cada alza nominal.
En ese contexto, las negociaciones salariales se vuelven más individualizadas: quienes trabajan en industrias con alta rentabilidad, exportación o escasez de talento —por ejemplo, ingeniería especializada, analítica de datos, ciberseguridad o automatización— pueden capturar mejores incrementos, mientras que profesiones con alta oferta relativa o concentradas en servicios tradicionales enfrentan aumentos más modestos.
La educación superior, sin embargo, sigue siendo un punto de quiebre para el ingreso y la movilidad social. En promedio, pasar de niveles medios a licenciatura se asocia con una mejora relevante en el ingreso y mayor probabilidad de acceso a prestaciones del empleo formal. El problema es doble: México mantiene una proporción baja de adultos con educación superior frente a economías avanzadas, y el sistema educativo no siempre está alineado con lo que demanda el aparato productivo, particularmente en habilidades STEM y competencias digitales.
La brecha de habilidades se vuelve más costosa en una economía que, por un lado, busca aprovechar el reacomodo de cadenas de suministro en Norteamérica y, por otro, enfrenta una transformación tecnológica acelerada. La inversión vinculada a manufactura avanzada y logística puede elevar la demanda por perfiles técnicos e ingenieriles, pero no necesariamente absorbe de inmediato a profesionistas de áreas saturadas. Esto alimenta un mercado laboral con dos velocidades: nichos con aumentos y escasez de talento, y segmentos con salarios planos y alta competencia por vacantes.
Otro canal de presión es la informalidad. Para profesionistas jóvenes o para quienes no encuentran oportunidades acordes a su formación, la informalidad opera como válvula de escape: consultorías, trabajo por honorarios, emprendimientos de subsistencia o servicios sin seguridad social. Aunque puede ofrecer flexibilidad e incluso ingresos temporales más altos, suele implicar mayor volatilidad, menor acceso a crédito formal, ausencia de protección social y menor acumulación para el retiro. A escala macro, la informalidad también limita el crecimiento de productividad y restringe la base contributiva del Estado.
La subocupación —personas con empleo que buscan trabajar más horas o tener un segundo ingreso— se ha vuelto un indicador relevante entre quienes tienen mayor escolaridad. Este fenómeno sugiere que el problema no es únicamente “falta de empleo”, sino falta de empleos con calidad y remuneración suficientes para sostener el costo de vida urbano y las expectativas de movilidad asociadas a un título universitario.
Hacia adelante, el reto se concentra en cómo traducir un mercado laboral más regulado y un salario mínimo fortalecido en una mejora más amplia del ingreso real sin erosionar la formalidad. La discusión pasa por elevar productividad (capacitación, adopción tecnológica, competencia, financiamiento a mipymes), mejorar la pertinencia educativa (más formación técnica y digital) y reducir fricciones para contratar formalmente. Sin estos ajustes, el riesgo es consolidar una clase media profesional con estabilidad nominal, pero con deterioro gradual del poder adquisitivo.
En síntesis, el estancamiento salarial de profesionistas refleja una tensión estructural entre precios más altos, crecimiento moderado y un mercado formal más costoso, mientras la economía demanda habilidades distintas a las que produce una parte del sistema educativo. La salida no depende de una sola política, sino de una combinación que fortalezca productividad, formalidad y una mejor conexión entre formación y empleo.