Michoacán mantiene liderazgo agroexportador pese a la violencia; inversión volátil y dependencia de EU plantean retos

Michoacán se consolida como el pivote agroexportador de México aún en un contexto de inseguridad y extorsión a productores. En 2024 colocó en el exterior 4,584 millones de dólares en productos del campo —26.3% del total nacional—, muy por encima de otros estados agrícolas como Sinaloa, Sonora, Jalisco, Baja California y Guanajuato. El peso económico del sector ha atraído la atención de grupos criminales que, de acuerdo con testimonios de productores y estudios académicos, imponen cobros ilegales, fijan precios y disputan el control de rutas de acopio y traslado, con episodios de violencia en comunidades rurales.

La dinámica exportadora no cede. En el primer semestre de 2025, las ventas agroalimentarias del estado sumaron 2,818 millones de dólares, 19% más anual, según el Inegi. El aguacate domina con alrededor de 3,500 millones de dólares al año y Estados Unidos absorbe cerca del 90% de ese flujo. Michoacán produce más de dos millones de toneladas anuales en unas 182,000 hectáreas distribuidas en 66 municipios —entre ellos Uruapan, Tancítaro, Ario, Peribán y Tacámbaro—. Al “oro verde” se suman guayaba, fresas, zarzamoras, higos, piñas y mangos, que apuntalan la canasta exportadora local; más del 70% de las exportaciones estatales son agropecuarias.

El auge ha ido acompañado de mayores riesgos operativos. Investigaciones académicas, como las de la Universidad de Cambridge, documentan que el crimen organizado se expande a mercados legales cuando un producto gana peso en el comercio exterior, buscando ganancias rápidas y capacidad de manipulación de precios. En el caso michoacano, el “derecho de piso” encarece costos logísticos, presiona márgenes e incrementa el riesgo de interrupciones. En 2022 y de nuevo en 2024, autoridades sanitarias de Estados Unidos suspendieron temporalmente inspecciones a aguacate y mango en Michoacán por incidentes de seguridad con personal verificador; los envíos se reanudaron tras acuerdos adicionales de protección con SENASICA. Estos episodios evidencian la vulnerabilidad de una cadena que depende de protocolos fitosanitarios binacionales.

Aun así, la economía del estado avanza por encima del promedio nacional, impulsada por las actividades primarias. En el segundo trimestre de 2025, la actividad económica de Michoacán creció 3.8% anual, con alzas de 12.5% en el sector primario, 5% en el secundario y 1.7% en el terciario. El puerto de Lázaro Cárdenas refuerza el perfil logístico del estado, mientras que la presencia de ArcelorMittal lo convierte en un nodo siderúrgico relevante. La integración con el Bajío y los corredores ferroviarios hacia la frontera favorecen el nearshoring, aunque la seguridad en carreteras, la calidad de la infraestructura y la certeza regulatoria son condiciones decisivas para sostener esa tendencia.

La inversión extranjera directa (IED) muestra altibajos. En la primera mitad de 2025 acumuló 161.4 millones de dólares, alrededor de 20% menos anual, tras un máximo de 1,032 millones en 2021. Entre 2006 y mediados de 2025, el estado captó más de 10,000 millones de dólares; Luxemburgo encabeza el origen de los flujos por la operación de ArcelorMittal en Lázaro Cárdenas. La volatilidad de la IED refleja, en parte, la sensibilidad de los capitales a la percepción de Estado de derecho, a los costos logísticos y a la disponibilidad de capital humano. En el Índice de Competitividad Estatal del IMCO, Michoacán se ubica en el lugar 29, con rezagos en atracción de inversión y cobertura educativa.

El mercado laboral formal muestra avances graduales. A septiembre de este año, el estado registró 495,360 personas afiliadas al IMSS; el comercio y los servicios concentran casi la mitad del empleo formal, mientras que una porción relevante de la agricultura opera en esquemas informales. Las remesas siguen siendo un sostén del consumo: 22.9% de los hogares michoacanos depende de esos recursos, de acuerdo con el censo 2020. A nivel nacional, el flujo de remesas se mantiene en niveles históricamente altos, amortiguando choques de ingreso en regiones rurales.

El entorno macro también incide en la ecuación. La política monetaria restrictiva y un tipo de cambio volátil influyen en los costos y en la conversión de ingresos en pesos. Los precios de fertilizantes y energéticos han descendido desde sus picos de 2022, pero se mantienen por encima de promedios históricos. A ello se suman riesgos climáticos: sequías y estrés hídrico condicionan rendimientos, mientras crecen las exigencias internacionales en trazabilidad, uso del agua y sostenibilidad —en el caso del aguacate, con mayor escrutinio sobre deforestación—. La revisión del T-MEC en 2026 mantendrá bajo la lupa los estándares sanitarios y ambientales en las agroexportaciones.

Autoridades federales y estatales han intensificado operativos para proteger cosechas, empaques y rutas, y se ha avanzado en esquemas de certificación y trazabilidad con SENASICA y sus contrapartes de Estados Unidos. Instrumentos de financiamiento rural de la banca de desarrollo, como FIRA, buscan ampliar el acceso a crédito y cobertura de riesgos climáticos para pequeños y medianos productores. Sin embargo, la continuidad de las inversiones en cadenas de frío, empaque y logística dependerá de que mejoren la seguridad y la infraestructura.

Perspectiva: la demanda de aguacate en Estados Unidos y la diversificación hacia Europa y Asia ofrecen un horizonte favorable, y el nearshoring puede atraer capital a logística y agroindustria. El factor crítico seguirá siendo la gobernanza de los territorios productores. Si Michoacán fortalece el Estado de derecho, la trazabilidad y la sostenibilidad, podrá capitalizar su liderazgo exportador con mayor valor agregado; de lo contrario, la inestabilidad puede traducirse en costos más altos, episodios de interrupción y una IED errática.

En suma, Michoacán combina un músculo agroexportador sobresaliente y un ecosistema logístico estratégico con riesgos de seguridad e inversión que no pueden soslayarse. El desempeño reciente confirma resiliencia, pero la consolidación de ese liderazgo dependerá de cerrar brechas en seguridad, competitividad y sostenibilidad para reducir vulnerabilidades y estabilizar los flujos de capital.