México apuesta por recortar la burocracia para acelerar la inversión: plazos de 30 y 90 días
El gobierno busca reducir tiempos y unificar trámites para dar certidumbre a proyectos, en un momento de alta competencia global por capital y relocalización.
El gobierno de México anunció un paquete de medidas para agilizar la autorización de proyectos de inversión y concentrar trámites en plataformas digitales, con la promesa de acortar tiempos que por años han sido un freno para empresas nacionales y extranjeras. La estrategia plantea una ruta acelerada con resoluciones en un máximo de 30 días para inversiones que cumplan ciertos criterios, y un plazo general de 90 días para destrabar trámites federales del resto de proyectos privados.
El eje operativo, expuesto por José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, parte de un decreto que busca sustituir procesos dispersos por una evaluación centralizada en un comité intersecretarial. La lógica es simple: reducir duplicidades, dar trazabilidad al estatus de cada gestión y generar una constancia de autorización que permita iniciar la ejecución de forma inmediata cuando el proyecto sea aprobado.
La vía rápida aplicará, según lo presentado, a inversiones ubicadas en “polos de bienestar”, a proyectos mayores a 2,000 millones de pesos o vinculados con sectores considerados estratégicos —electrónico, automotriz, farmacéutico, aeroespacial, energía y tecnológico—. En paralelo, para el universo restante de inversiones privadas se fija un límite de 90 días para resolver trámites federales; si no hay respuesta en ese lapso, la autorización se considerará concedida, una figura que busca presionar a la administración pública a cumplir plazos.
La Secretaría de Economía, encabezada por Marcelo Ebrard, enmarcó el anuncio como respuesta directa a reuniones con el sector empresarial promovidas por la presidenta Claudia Sheinbaum, en las que se expusieron cuellos de botella regulatorios y tiempos de espera que complican calendarios, elevan costos y, en algunos casos, terminan por congelar decisiones de inversión.
En un contexto de crecimiento moderado y de fuerte competencia entre países por atraer capital asociado al “nearshoring”, la apuesta por acelerar permisos y licencias busca mejorar uno de los factores que más pesan en la decisión de instalar o ampliar operaciones: la certidumbre sobre cuándo podrá operar una planta, importar maquinaria, conectarse a servicios o iniciar construcción sin sorpresas administrativas.
Ventanilla única, SAT y aduanas: el cuello de botella del comercio exterior
Uno de los componentes con mayor impacto potencial es la ventanilla única de comercio exterior, que integrará 132 trámites en un solo punto de entrada y conectará al SAT y a la Agencia Nacional de Aduanas de México. La promesa de un “expediente único” apunta a un problema frecuente entre exportadores e importadores: presentar los mismos requisitos en múltiples dependencias, con formatos y criterios distintos. Si el rediseño funciona, podría reducir tiempos de despacho, mejorar el seguimiento de permisos y disminuir el costo administrativo para empresas que dependen de cadenas globales, particularmente en sectores como el automotriz, el electrónico y el aeroespacial, donde los inventarios “justo a tiempo” son críticos.
La relevancia no es menor: México mantiene una alta integración productiva con Norteamérica y una porción significativa de su manufactura depende del flujo constante de insumos. Cuando las aduanas se saturan o la documentación se fragmenta, el costo se traslada a logística, cumplimiento y capital de trabajo. En ese sentido, la coordinación SAT-aduanas y la digitalización de notificaciones y permisos se convierten en un elemento de competitividad, no solo de simplificación administrativa.
El decreto también plantea la creación de una Oficina Presidencial de Inversiones para dar seguimiento a proyectos y coordinar a las dependencias involucradas. El comité intersecretarial incluiría, entre otras, a las secretarías de Economía, Hacienda, Energía, Medio Ambiente y Buen Gobierno. La estructura apunta a resolver un problema recurrente: que un permiso avance en una ventanilla mientras otro se estanca en una dependencia distinta, sin un responsable claro que destrabe el conjunto.
Desde el sector privado, Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización, planteó que el objetivo no solo es atraer nueva inversión, sino acelerar reinversiones, impulsar mayor valor agregado y fortalecer el mercado interno. En el discurso público, el compromiso empresarial se asocia a generación de empleos, cumplimiento normativo —en especial ambiental y social— e inicio de obras en plazos más cortos una vez obtenidas las autorizaciones.
El anuncio llega mientras México enfrenta retos estructurales que inciden en la inversión: disponibilidad de energía y de infraestructura, gestión del agua en regiones industriales, seguridad en corredores logísticos y capacidad local para proveer talento técnico. En la práctica, la reducción de tiempos de permisos puede mejorar la ejecución, pero su efectividad dependerá de la interoperabilidad real entre dependencias, de la calidad de los criterios para aprobar proyectos y de la capacidad del gobierno para evitar que la simplificación se traduzca en discrecionalidad.
También habrá una prueba clave: que el “silencio administrativo positivo” (la autorización por falta de respuesta) no genere litigios posteriores ni incertidumbre regulatoria. Para inversionistas, el valor de un permiso no radica solo en obtenerlo rápido, sino en que sea defendible y estable frente a revisiones. De ahí que el diseño de lineamientos, la transparencia de los expedientes y la trazabilidad digital sean determinantes para que el plan eleve confianza en lugar de abrir nuevas zonas grises.
En perspectiva, el paquete se alinea con una agenda de política industrial más activa y con el objetivo de convertir la relocalización en inversión efectiva. Si los plazos se cumplen y las plataformas reducen fricción, México podría mejorar su posición frente a otros destinos que compiten por los mismos proyectos. El reto será sostener la coordinación interinstitucional, medir resultados y ajustar reglas para que la agilización no sacrifique la evaluación ambiental, la planeación urbana o el cumplimiento fiscal.
En suma, la estrategia gubernamental busca atacar un obstáculo tangible —la burocracia y la dispersión de trámites— para acelerar inversión y empleo; su impacto dependerá de la ejecución, la transparencia y la capacidad de las instituciones para cumplir plazos sin debilitar la certidumbre regulatoria.
