Hacienda recorta el gasto y modera el déficit: el ajuste se concentra en transferencias a estados y en la inversión
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reportó que, entre enero y noviembre, los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) —la medida más amplia del déficit, que incorpora las necesidades de financiamiento del gobierno y se cubre con deuda— disminuyeron 19.9% real frente al mismo periodo del año anterior. El resultado se explicó principalmente por un gasto menor al programado (subejercicios) y, en menor medida, por un costo financiero por debajo de lo previsto, en un entorno de tasas todavía elevadas.
De acuerdo con las cifras oficiales, para esos once meses Hacienda tenía calendarizado un gasto neto por 8.426 billones de pesos, pero ejerció 8.208 billones. La diferencia implica un subejercicio de 218,600 millones de pesos. En términos reales, el gasto total avanzó apenas 2.5% anual, una dinámica que apunta a un ajuste del ritmo de erogación pública en la recta final del año, consistente con el objetivo de contener el déficit.
El recorte no se distribuyó de forma uniforme. El mayor subejercicio se observó en el gasto programable y, dentro de éste, en los llamados “ramos generales”, que concentran recursos para transferencias a estados y municipios. Estos rubros suelen financiar nóminas locales, aportaciones para educación y salud, seguridad pública e infraestructura social. En conjunto, registraron una brecha de 113,400 millones de pesos entre lo aprobado/programado y lo efectivamente ejercido, lo que sugiere que parte del ajuste se trasladó a los gobiernos subnacionales, que dependen en buena medida de las participaciones y aportaciones federales para operar.
También se observaron menores erogaciones en otros frentes. El gasto destinado a la CFE reportó 34,700 millones de pesos por debajo de lo programado. Asimismo, el pago de intereses y costo financiero quedó 54,800 millones de pesos debajo del monto previsto, lo que contribuyó a mejorar los balances: Hacienda informó que el déficit presupuestario fue 91,000 millones de pesos menor a lo anticipado, y que el superávit primario presupuestario superó en 37,000 millones lo programado.
En su balance, la SHCP sostuvo que los RFSP ascendieron a 1.168 billones de pesos y se mantuvieron dentro de los techos aprobados por el Congreso. La dependencia ha reiterado que busca reducir el déficit hacia niveles cercanos a 4.3% del PIB en el año en curso y 4.1% en 2026, en un contexto donde el cierre de 2024 dejó una lectura elevada —5.8% del PIB, según estimaciones citadas por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP)—, factor que ha incrementado el escrutinio sobre la sostenibilidad fiscal y la trayectoria de la deuda.
La magnitud del subejercicio da una idea del tamaño del ajuste. Los 218,600 millones de pesos reportados equivalen a montos comparables con programas sociales de gran escala o con presupuestos de inversión relevantes. En un país donde el gasto público tiene un papel contracíclico limitado, recortes o retrasos en el ejercicio pueden tener efectos visibles sobre la provisión de servicios, la ejecución de obra pública y la liquidez de proveedores, especialmente a nivel estatal y municipal, donde la capacidad de financiamiento propio suele ser menor.
La SHCP señaló que el Saldo Histórico de los RFSP —la deuda pública en sentido amplio— se ubicó en 51.7% del PIB, ligeramente por debajo del 52% observado al cierre de 2024. También destacó que el portafolio de pasivos se mantiene mayoritariamente en moneda nacional, a tasa fija y con vencimientos de largo plazo, una composición que reduce vulnerabilidad ante choques cambiarios y alzas abruptas de tasas. Aun así, el costo financiero acumulado a noviembre aumentó 11.2% real anual, reflejando que el entorno monetario sigue siendo restrictivo: aunque el Banco de México ha empezado a recortar la tasa desde su máximo, el nivel de tasas reales continúa alto y el servicio de la deuda compite con otras prioridades presupuestales.
Hacia adelante, el espacio fiscal de México enfrentará una combinación de presiones estructurales: mayores necesidades de inversión en infraestructura y energía, costos crecientes por pensiones, demandas de gasto en salud y seguridad, y la expectativa de mantener programas sociales. Además, el desempeño de los ingresos depende de la actividad económica —que se ha moderado tras el rebote pospandemia— y de la recaudación tributaria, donde los esfuerzos de fiscalización han ayudado, pero sin cambiar de fondo la baja carga fiscal relativa del país frente a pares de la OCDE. En ese contexto, los ajustes vía subejercicio pueden mejorar el balance en el corto plazo, pero también corren el riesgo de postergar inversión o trasladar presiones financieras a entidades federativas y municipios, con efectos sobre la calidad de servicios y el crecimiento potencial.
En síntesis, las cifras a noviembre muestran una consolidación fiscal basada en un menor ritmo de gasto y un costo financiero por debajo de lo programado, con recortes concentrados en transferencias y algunos rubros operativos. El reto será sostener la reducción del déficit sin frenar inversión pública clave ni cargar el ajuste a gobiernos locales, mientras el país navega un ciclo de menor crecimiento y un entorno de tasas todavía exigente.
