El límite invisible del nearshoring: la energía se vuelve el principal cuello de botella para México

Sin nueva generación, redes y almacenamiento, la demanda eléctrica puede rebasar la capacidad del país y encarecer la producción, afectando inversión y crecimiento.

La economía mexicana está intentando capitalizar uno de sus momentos más prometedores en años: la relocalización de cadenas productivas hacia Norteamérica, la expansión manufacturera y la llegada de nuevos centros de datos. Sin embargo, conforme se multiplican los anuncios de inversión, también crece una restricción que ya no es teórica: la disponibilidad de energía eléctrica y de combustibles para generarla. El sistema eléctrico, que durante décadas acompañó el crecimiento con holgura relativa, hoy aparece como un factor capaz de frenar proyectos, elevar costos y restar competitividad.

Estimaciones del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) advierten que, hacia 2030, México podría enfrentar un déficit de generación superior a 48,000 GWh aun bajo escenarios conservadores. En términos prácticos, ese faltante implicaría menos capacidad para alimentar nuevas plantas industriales, ampliaciones de parques manufactureros y la electrificación gradual de procesos que antes dependían de combustibles fósiles. En un entorno donde la decisión de ubicar una fábrica se toma con base en costos, certidumbre y tiempo de conexión a la red, la energía empieza a jugar en contra.

El problema no se limita a “tener más plantas”. La tensión se percibe en márgenes de reserva ajustados, en la mayor sensibilidad del sistema a olas de calor y en la volatilidad de costos cuando la oferta no crece al ritmo de la demanda. S&P Global ha señalado que el país requiere añadir del orden de decenas de miles de megawatts en los próximos años, además de inversiones significativas en transmisión y distribución. La magnitud de ese esfuerzo ocurre al mismo tiempo que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) enfrenta restricciones presupuestales y una carga financiera relevante, lo que vuelve determinante —y también un punto de debate— el papel del capital privado y los esquemas de inversión mixta.

Para la economía, el riesgo es claro: si la electricidad se vuelve más cara o menos confiable, la manufactura pierde atractivo relativo frente a otros destinos. Esto llega en un momento en que México mantiene una fuerte integración con la demanda externa y, en particular, con Estados Unidos, por lo que cualquier ventaja logística derivada del nearshoring puede diluirse si la infraestructura energética no acompaña.

Gas natural importado: ventaja de costo, vulnerabilidad operativa

La matriz eléctrica mexicana depende de manera predominante del gas natural: de acuerdo con datos oficiales, una parte mayoritaria de la generación se produce con este combustible, y una proporción elevada del gas consumido en el país proviene de importaciones desde Estados Unidos. Esa relación ha funcionado como un ancla de costos gracias a la abundancia del gas en regiones como Texas, pero también ha consolidado una vulnerabilidad: México tiene poca capacidad de almacenamiento para enfrentar interrupciones temporales, mantenimientos, eventos climáticos o fallas logísticas.

En la práctica, los inventarios energéticos reducidos limitan el margen de maniobra ante contingencias. En un sistema eléctrico con reservas apretadas, un episodio de estrés —por ejemplo, alta demanda en verano o una interrupción en el suministro de gas— puede traducirse en aumentos de costos, ajustes operativos en industrias y presiones sobre precios. Para las empresas, la discusión deja de ser abstracta y se convierte en una pregunta básica: ¿habrá energía suficiente, a precio competitivo, durante los próximos 10 o 20 años?

El debate sobre alternativas, como el desarrollo de reservas nacionales o tecnologías de extracción más intensivas, suele chocar con tiempos largos. Incluso si se aceleran proyectos, los resultados no suelen ser inmediatos: la infraestructura de producción, transporte y almacenamiento requiere años de inversión, permisos y ejecución. Por ello, la solución más factible en el corto y mediano plazo suele concentrarse en ampliar y modernizar redes eléctricas, destrabar nuevas centrales de generación y mejorar la flexibilidad del sistema con almacenamiento, mantenimiento y capacidad de respuesta.

La dimensión macroeconómica también es relevante. La energía es un insumo transversal: cuando sube su costo o se vuelve incierta, afecta desde la industria automotriz y de autopartes hasta la electrónica, la minería y el sector de servicios intensivos en tecnología. Un aumento persistente en costos energéticos puede alimentar presiones inflacionarias y reducir márgenes empresariales, con impacto en inversión y empleo. Además, la falta de capacidad puede reordenar el mapa del nearshoring: estados con mejor disponibilidad de energía y agua captan más proyectos, mientras otros quedan rezagados aunque tengan mano de obra o ubicación logística.

En este contexto, el crecimiento de México luce moderado. Diversos organismos han proyectado expansiones por debajo del ritmo necesario para elevar de forma sostenida la productividad. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha señalado que cerrar brechas de infraestructura es clave para elevar el crecimiento potencial, y la energía aparece como uno de los cuellos de botella más urgentes por su efecto directo sobre manufactura, inversión y competitividad.

Hacia adelante, la discusión se concentrará en tres frentes: certidumbre regulatoria para detonar inversión, planeación técnica para priorizar proyectos de red donde la congestión ya es evidente, y una estrategia de seguridad energética que reduzca la fragilidad ante disrupciones. Para México, la ventana del nearshoring no es infinita; si la infraestructura energética no se acelera, la oportunidad puede migrar a otros mercados con mayor capacidad instalada y tiempos de conexión más cortos.

En suma, la energía se está convirtiendo en el límite estructural más visible para el crecimiento: no solo por la necesidad de generar más electricidad, sino por la urgencia de modernizar redes, aumentar reservas y dar certidumbre a la inversión. Si el país logra resolver ese cuello de botella, el potencial industrial puede ampliarse; si no, el costo será un crecimiento menor y una competitividad más frágil.