Vales de despensa alcanzan 10 millones de usuarios y apuntan a crecer en 2025 en medio de mayor formalización laboral

07:30 05/12/2025 - PesoMXN.com
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Vales de despensa alcanzan 10 millones de usuarios y apuntan a crecer en 2025 en medio de mayor formalización laboral

Los vales de despensa consolidan su papel como una de las prestaciones más extendidas entre los trabajadores formales en México. La Asociación de Sociedades Emisoras de Vales (Aseval) reporta 10 millones de usuarios activos —equivalentes a 44% de los empleados registrados ante el IMSS— y prevé incorporar alrededor de 250,000 beneficiarios adicionales durante el año, apoyados por la creación de empleo formal y la digitalización de medios de pago. El universo potencial, de 22.7 millones de trabajadores afiliados al IMSS, sugiere margen para seguir ampliando la cobertura si se mantienen las tendencias de contratación y formalización.

De acuerdo con Aseval, el monto promedio que reciben los trabajadores ronda 1,400 pesos mensuales, con un tope máximo estimado para 2025 de 3,450 pesos, referenciado a la evolución de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). La UMA se actualiza cada año en función de la inflación, por lo que ajustes en precios y en el salario mínimo suelen traducirse en revisiones de prestaciones. En la práctica, 80% de los vales se canjea en tiendas de autoservicio y farmacias, lo que los vincula directamente con el gasto básico de los hogares. Cifras del Inegi muestran que los mexicanos destinan alrededor de 30% de su ingreso a alimentación, por lo que este beneficio opera como un amortiguador del encarecimiento de la canasta.

La regulación vigente favorece los vales electrónicos. Tras la reforma fiscal de 2014, la deducibilidad para las empresas quedó acotada a los monederos electrónicos de despensa autorizados por el SAT, lo que aceleró la migración de papel a tarjetas y reforzó los controles. El sector público es, en general, el único que continúa emitiendo vales físicos. Para acceder a la prestación, las compañías deben comprobar la relación laboral formal (altas en el IMSS y pagos al Infonavit), mecanismo que busca reducir fraudes y asegurar la trazabilidad del beneficio.

En el frente macroeconómico, el consumo privado ha sido uno de los pilares del crecimiento en los últimos años, apoyado por la recuperación del empleo, alzas al salario mínimo y remesas elevadas. Al mismo tiempo, la inflación mostró una tendencia de desaceleración respecto al pico de 2022, aunque con presiones en componentes básicos. En ese contexto, las prestaciones en especie —como los vales de despensa— han ganado relevancia en la negociación entre empresas y trabajadores para sostener el poder de compra sin desanclar la estructura salarial. Para los empleadores, la deducibilidad y la focalización del gasto en alimentos y salud han sido incentivos clave para mantener y expandir el esquema.

Hacia adelante, el desempeño de los vales estará ligado a tres factores: la creación de empleo formal, la trayectoria de la inflación y el avance de la digitalización de pagos. La relocalización de inversiones (nearshoring) en ciertas regiones podría impulsar nuevas altas al IMSS y, con ello, la base de usuarios. La adopción de terminales y pagos digitales en comercios pequeños también abre espacio para ampliar la aceptación. Entre los riesgos destacan una eventual desaceleración vinculada al ciclo económico de Estados Unidos y la persistencia de la informalidad, que todavía abarca a más de la mitad de la fuerza laboral y limita el alcance de prestaciones formales.

En síntesis, los vales de despensa se mantienen como un instrumento relevante de previsión social y apoyo al consumo básico. Con 10 millones de usuarios y planes de expansión, su evolución dependerá de la dinámica del empleo formal, el comportamiento de precios y la capacidad del sistema para seguir digitalizándose con supervisión efectiva.

Observación: los datos de usuarios, montos promedio, tope estimado y canales de canje provienen de Aseval; las referencias a inflación, salario mínimo, UMA y composición del gasto de los hogares se basan en información pública del Inegi y criterios regulatorios vigentes del SAT.

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