Banca mexicana impulsa reformas en fideicomisos tras sanciones y escrutinio internacional

05:55 15/07/2025 - PesoMXN.com
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Banca mexicana impulsa reformas en fideicomisos tras sanciones y escrutinio internacional

La Asociación de Bancos de México (ABM) ha puesto en marcha una estrategia para fortalecer la participación del sector bancario en el negocio fiduciario, luego de que la banca nacional fuera objeto de observación internacional y medidas regulatorias más estrictas. Este movimiento ocurre en un entorno marcado por las recientes sanciones del gobierno de Estados Unidos a instituciones como Vector, Intercam y CI Banco, señaladas por presuntos vínculos con actividades ilícitas como el lavado de dinero y el narcotráfico. Ante ello, la Secretaría de Hacienda intervino temporalmente en estas entidades para garantizar la continuidad de sus operaciones, especialmente en servicios de fideicomisos, transfiriéndolos en su mayoría a la banca de desarrollo.

De acuerdo con Emilio Romano, presidente de la ABM y directivo de Bank of America, una de las principales preocupaciones para el sector es la complejidad y los elevados riesgos legales asociados al manejo de fideicomisos en México. Actualmente, el proceso de liquidación de estos instrumentos financieros presenta deficiencias que han llevado a diversos bancos a abandonar el servicio fiduciario. Romano subraya que los litigios relacionados con fideicomisos suelen ser largos y costosos, mientras que las comisiones percibidas apenas compensan los riesgos asumidos. Además, existe la problemática de fideicomisos que permanecen abandonados durante décadas sin que la banca recupere los recursos gestionados.

Frente a este panorama, la ABM, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y el Poder Legislativo, planea impulsar modificaciones legales y regulatorias que agilicen los procesos fiduciarios y brinden mayor certeza jurídica. Una de las iniciativas clave es el fortalecimiento y proliferación de tribunales especializados en materia mercantil a nivel local, buscando reducir los tiempos de resolución de litigios y dar mayor atractivo a la operación de fideicomisos. Se prevé que este enfoque tome fuerza a partir del próximo 1 de septiembre, fecha en la que inicia funciones la renovada estructura del Poder Judicial federal.

Por otro lado, el gremio bancario enfrenta una carga significativa en materia de créditos con garantía, con más de 56,000 juicios pendientes derivados de impagos y la ejecución de prendas o inmuebles entregados como respaldo. Este rezago judicial incide en la disponibilidad de crédito y la confianza tanto de bancos como de inversionistas. La expectativa es que una justicia mercantil más eficiente acelere la recuperación de activos y, por ende, estimule la dinámica económica.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos otorgó recientemente una prórroga para la entrada en vigor de las sanciones a Vector, Intercam y CI Banco, las cuales prohibirán desde septiembre las operaciones de estas entidades con empresas estadounidenses. Este plazo, gestionado en conjunto con las autoridades mexicanas, busca asegurar una transición ordenada en la administración de los fideicomisos que suman más de tres billones de pesos solo en CI Banco, el principal actor del sector.

Expertos como Pablo Cotler, académico de la Universidad Iberoamericana, destacan la complejidad intrínseca de los fideicomisos, debido a la diversidad de cláusulas y disposiciones contractuales que dificultan tanto su cierre como su administración. Tras los señalamientos internacionales, se prevé que los bancos operarán con mayor cautela y selectividad respecto a los fideicomisos que decidan incorporar a su cartera de negocios. La prioridad será robustecer los controles para evitar posibles riesgos reputacionales y legales.

En conclusión, la reconfiguración del entorno regulatorio y judicial será determinante para el futuro del negocio fiduciario en México. Si bien persisten retos asociados a la agilidad procesal y a la confianza en el sistema financiero, las reformas proyectadas podrían abrir la puerta a una recuperación del sector y a un fortalecimiento de la transparencia y la certeza jurídica en beneficio de la economía en su conjunto.

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