Hacienda perfila el fin de los estímulos al IEPS de combustibles en 2027: presión fiscal, inflación y riesgos para el transporte

La SHCP anticipa que, si el petróleo se estabiliza, dejará de “amortiguar” el precio de gasolinas y diésel con estímulos, en un giro relevante para finanzas públicas y costos logísticos.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) trazó un escenario en el que, para 2027, los estímulos fiscales al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicados a gasolinas y diésel serían nulos, es decir, sin subsidios o descuentos a las cuotas por litro que se reflejan en el precio final en estaciones de servicio. La proyección aparece en el documento de planeación fiscal Renuncias Recaudatorias 2026, en un contexto donde la política de estímulos ha funcionado como “válvula de alivio” ante episodios de volatilidad en el precio internacional del crudo.

En 2026, Hacienda estima una renuncia recaudatoria de 19,044 millones de pesos por apoyos relacionados con el IEPS a combustibles, cifra asociada a un entorno de precios del petróleo más elevados por tensiones geopolíticas. En México, el uso de estos estímulos se activa cuando el encarecimiento del petróleo y de los combustibles importados amenaza con trasladarse rápidamente a los precios al consumidor, especialmente en la gasolina regular y el diésel, insumos clave para movilidad y logística.

La mecánica es conocida: cuando el costo de referencia internacional sube, el gobierno reduce temporalmente la carga del IEPS para moderar el impacto en la bomba; cuando los precios bajan o se estabilizan, el estímulo se retira y la recaudación repunta. Para una administración que busca contener el déficit fiscal y estabilizar el perfil de deuda, un retiro sostenido de estímulos implicaría mayores ingresos tributarios, aunque también eleva el riesgo de que repunten costos de transporte y distribución si el entorno de precios no acompaña.

Las cifras de mercado subrayan por qué la decisión tiene implicaciones amplias. La gasolina Magna continúa como el principal combustible en el consumo interno, seguida por el diésel, esencial para transporte de carga y parte del transporte público. Cualquier variación en su precio repercute en cadenas de suministro, tarifas y, con rezago, en algunos componentes de la inflación.

Entre la consolidación fiscal y el costo de vida: el delicado equilibrio del IEPS

La apuesta de Hacienda para 2027 descansa en un supuesto crítico: que el precio del petróleo y los mercados energéticos operarán con mayor estabilidad. Si se cumple, el fin de estímulos permitiría fortalecer la recaudación no petrolera en un momento en que México enfrenta presiones estructurales de gasto —desde inversión en infraestructura y programas sociales hasta el costo financiero de la deuda— y donde el margen fiscal es más estrecho que en años previos. Sin embargo, si la estabilización no se materializa o surge un nuevo choque externo, el retiro total de apoyos puede acelerar el traspaso a precios, complicando el panorama inflacionario y encareciendo la operación de empresas intensivas en transporte.

En el frente monetario, el comportamiento de los energéticos suele ser un factor de vigilancia para el Banco de México (Banxico), no solo por su efecto directo en el índice de precios, sino por su impacto indirecto vía costos. Un desliz en combustibles puede ensanchar presiones sobre mercancías y servicios, sobre todo en economías regionales con alta dependencia carretera. En ese escenario, el ajuste fiscal vía mayor IEPS podría chocar con el objetivo de estabilidad de precios, elevando la discusión sobre el ritmo de normalización de tasas y el anclaje de expectativas.

Además, el debate ocurre en un mercado energético donde México sigue importando una parte relevante de gasolinas y diésel. Esa dependencia amplifica la exposición a choques externos, al tiempo que limita la capacidad de aislar el precio interno de los vaivenes globales. En la práctica, el IEPS ha funcionado como un instrumento contracíclico: reduce volatilidad al consumidor, pero transfiere el costo a las finanzas públicas cuando se subsidia.

Para empresas y hogares, el mensaje implícito es que 2027 podría traer una mayor “sensibilidad” del precio en bomba al entorno internacional si el estímulo desaparece. Para el gobierno, la decisión también implica calibrar tiempos: una salida abrupta puede ser políticamente costosa y económicamente regresiva, mientras que una transición gradual permitiría administrar impactos, aunque con menor beneficio recaudatorio inmediato.

En perspectiva, el planteamiento de Hacienda confirma que la política de estímulos al IEPS no es permanente: está diseñada para amortiguar choques. Si el escenario base de menor tensión en petróleo se cumple, la autoridad fiscal ganaría espacio para consolidación; si no, el debate volverá a centrarse en cuánto puede y quiere el erario absorber para suavizar el precio de los combustibles sin desordenar la trayectoria fiscal.

En síntesis, el posible retiro de estímulos al IEPS en 2027 perfila un punto de inflexión: más recaudación y disciplina fiscal, a cambio de mayor exposición del consumidor y la logística a la volatilidad del petróleo, con efectos potenciales sobre inflación y costos de transporte.