Sanciones de EU a bancos mexicanos por presunto lavado impactan la percepción internacional del sistema financiero
El pasado 25 de junio de 2025, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro estadounidense emitió sanciones formales contra tres instituciones mexicanas: CI Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa. La acusación señala su presunta colaboración en esquemas de lavado de dinero vinculados al tráfico de fentanilo por parte de cárteles mexicanos, en particular, el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Golfo.
Las acciones del Tesoro estadounidense se enmarcan en la Ley de Sanciones contra el Fentanilo (FEND Off Fentanyl Act), que endurece la supervisión y castigo para instituciones financieras que puedan estar involucradas de manera directa o indirecta en el financiamiento de operaciones ligadas a tráfico de drogas y terrorismo. Los señalamientos apuntan a transacciones realizadas entre 2013 y 2024, incluyendo pagos hacia empresas chinas relacionadas con precursores químicos de fentanilo y reuniones entre representantes bancarios y presuntos miembros del crimen organizado.
En respuesta, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ordenó la intervención gerencial inmediata en las tres instituciones para supervisar sus operaciones y resguardar los recursos de los clientes. Según autoridades mexicanas, como la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el sistema bancario permanece estable, ya que CI Banco, Intercam y Vector representan apenas el 1% de los depósitos a nivel nacional.
Las entidades afectadas rechazaron rotundamente las acusaciones y la SHCP demandó pruebas contundentes al gobierno estadounidense, garantizando su disposición a cooperar conforme a derecho. Mientras tanto, agencias calificadoras como HR Ratings bajaron las calificaciones crediticias de CI Banco e Intercam, acentuando su vulnerabilidad ante la crisis reputacional.
Este episodio marca un hecho sin precedentes: es la primera ocasión en que bancos mexicanos son señalados directamente por el Tesoro de Estados Unidos en un caso de lavado de dinero vinculado a redes de tráfico de drogas. Más allá del tamaño de las instituciones, el daño potencial a la imagen y confianza del sistema financiero mexicano es considerable, especialmente de cara a inversionistas extranjeros y socios comerciales.
La experiencia internacional ofrece precedentes aleccionadores. Instituciones como HSBC y BNP Paribas enfrentaron sanciones millonarias y restricciones de operación tras investigaciones similares por lavado de dinero, derivando en endurecimientos normativos y mayor escrutinio global. Si bien el tamaño de los bancos mexicanos implicados limita los riesgos sistémicos inmediatos, la posibilidad de bloqueos en transacciones internacionales, pérdida de corresponsalías y fuga de clientes no son descartables.
Para los cuentahabientes, la intervención busca garantizar la seguridad de sus ahorros y mantener la continuidad de las operaciones. Sin embargo, se recomienda mantenerse informados y, en caso de preocupación, recordar que el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) asegura depósitos de hasta 400,000 UDIS, equivalentes actualmente a alrededor de 3.4 millones de pesos.
A mediano plazo, es probable que las investigaciones y sanciones motiven reformas adicionales en la regulación y supervisión del sistema financiero mexicano. De igual forma, podrían impactar las relaciones con bancos internacionales y elevar los estándares de cumplimiento antilavado en México, un desafío que el sector bancario y las autoridades ya venían enfrentando ante el creciente escrutinio global.
En conclusión, si bien las sanciones recaen sobre bancos con presencia marginal en el mercado local, el caso subraya la importancia de robustecer los controles internos y la cooperación internacional para prevenir el uso del sistema financiero por parte de redes criminales. La reacción rápida de supervisores nacionales es un mensaje de confianza para los usuarios, aunque el reto principal será restaurar la reputación y fortalecer la capacidad de prevención dentro de todo el sector financiero mexicano.
