Estados mexicanos recurren a deuda de largo plazo y comprometen finanzas futuras
Los gobiernos estatales en México han optado por financiar proyectos y equilibrar sus finanzas a través de la contratación de deudas de largo plazo, cuyos vencimientos se extienden incluso hasta el año 2063. De acuerdo con el Registro Público Único de los financiamientos de los estados, entidades como Nuevo León, Quintana Roo y Baja California encabezan la lista con los créditos estatales de vencimiento más prolongado, siendo Nuevo León el caso más sobresaliente con una deuda contratada en 2014 y que será liquidada dentro de casi cuatro décadas.
Esta práctica, según especialistas en finanzas públicas como Kristobal Meléndez, responde a una estrategia que busca reducir el peso de los pagos anuales, trasladando gradualmente la responsabilidad del pago a futuras administraciones y, en consecuencia, a nuevas generaciones de contribuyentes. Así, mientras los habitantes actuales de las entidades pueden gozar de los beneficios inmediatos de inversiones financiadas con estos créditos, el compromiso de liquidarlos se extiende incluso a quienes aún no han nacido, planteando el fenómeno de la deuda intergeneracional.
En la comparación entre créditos a corto y largo plazo destaca la diferencia en tasas de interés. Por ejemplo, Nuevo León pagará una tasa de solo 0.09% en su deuda a largo plazo, mientras que Michoacán enfrenta una tasa de 10.30% en un crédito contratado para vencimiento en tan solo tres años. Estas condiciones más favorables en créditos de larga duración permiten una carga fiscal reducida en el presente, aunque amplían el horizonte del compromiso financiero de los estados.
Actualmente, Quintana Roo, Sonora y Tamaulipas encabezan el listado de entidades con promedios de vencimiento más amplios en sus deudas públicas, con plazos de hasta 24.8 años. En contraste, estados como Guerrero, Querétaro y Sinaloa mantienen créditos con vencimientos promedio mucho menores. Sin embargo, a pesar de la extensión de los plazos, el Sistema de Alertas de deuda estatal indica que prácticamente todos los gobiernos estatales, salvo Coahuila, mantienen un endeudamiento considerado sostenible.
La sostenibilidad de la deuda es evaluada con base en los ingresos estatales y el nivel de endeudamiento, siguiendo los lineamientos de la Ley de Disciplina Financiera. Dicha ley exige que los recursos obtenidos a través del endeudamiento se destinen exclusivamente a inversiones públicas productivas, que deberían incidir en indicadores como crecimiento económico, generación de empleo, infraestructura y competitividad.
No obstante, las entidades con mayores índices de endeudamiento, como la Ciudad de México, Nuevo León, Chihuahua y Jalisco, también lideran rankings de competitividad estatal e innovación, de acuerdo con el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO). Este hecho sugiere que, si bien el endeudamiento high puede representar un desafío fiscal a largo plazo, también puede estar vinculado a desarrollos infraestructurales y económicos relevantes, siempre que se mantenga bajo una gestión responsable y transparente.
En conclusión, la contratación de deuda a plazos extendidos ha sido una herramienta útil para los estados mexicanos en el impulso de proyectos estratégicos; sin embargo, implica compromisos fiscales a futuro que requieren de seguimiento y disciplina financiera. El reto para los gobiernos estatales será asegurar que estos recursos efectivamente detonen crecimiento económico sostenible y que el peso de la deuda no comprometa la estabilidad de las generaciones por venir.