SAT perfila mayores herramientas de fiscalización para 2026: visitas con registro audiovisual y nuevos filtros para RFC y sellos digitales
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) se prepara para reforzar su estrategia contra la evasión y el uso de facturas falsas con cambios al Código Fiscal de la Federación que, de ser avalados por el Senado, entrarían en vigor el 1 de enero de 2026. El paquete prevé visitas domiciliarias con registro de fotos, audio y video, la restricción temporal del certificado de sello digital para receptores de comprobantes simulados que no corrijan su situación, la negativa de inscripción al RFC por vínculos con esquemas de alto riesgo fiscal y el acceso en línea y en tiempo real a información fiscal de plataformas digitales, con énfasis en el IVA.
Las medidas se inscriben en una tendencia de fortalecimiento recaudatorio sin aumentos generalizados de tasas, apoyada en control y cumplimiento. México mantiene una recaudación tributaria como proporción del PIB por debajo del promedio de la OCDE y, desde 2019, ha centrado su ofensiva en combatir a las EFOS/EDOS y la simulación de operaciones a través del artículo 69-B del CFF. La apuesta ahora es acelerar la obtención de evidencia y cerrar brechas en sectores donde la digitalización avanzó más rápido que la supervisión.
En materia de visitas, la autoridad podría documentar con medios tecnológicos exclusivamente cuando busque probar que en un domicilio asociado a la emisión de CFDI se realizan actos simulados. Los visitadores deberán informar al contribuyente o su representante que la diligencia se registrará y anexar los archivos a las actas respectivas. La finalidad oficial es acreditar con mayor certeza domicilios inexistentes o impropios —un rasgo recurrente en empresas fachada— y robustecer el expediente para eventuales procedimientos penales o administrativos.
Especialistas anticipan que estos registros serán objeto de escrutinio judicial: la cadena de custodia, la delimitación del objeto de la visita y el respeto al debido proceso y a la inviolabilidad del domicilio serán determinantes para que el material sea valorado como prueba. Se prevén criterios y protocolos internos para acotar el uso de cámaras y audios al ámbito estrictamente fiscal, y no a la vida privada del contribuyente.
Otro eje es la restricción temporal del certificado de sello digital (CSD) a quienes reciban facturas consideradas presuntamente falsas y no regularicen en un plazo de 30 días, por ejemplo, mediante declaraciones complementarias. Sin CSD, las empresas no pueden emitir CFDI, lo que afecta caja y operación. El catálogo de supuestos para restringir o dejar sin efectos sellos ya es amplio y generaba inquietud en el sector privado por el riesgo de “bloqueos” preventivos; por ello cobra relevancia reforzar la debida diligencia de proveedores, cotejar domicilios y actividad real, revisar la opinión de cumplimiento y monitorear la lista del 69-B.
En el frente del RFC, la autoridad podría negar la inscripción de personas morales cuando detecte que su representante legal, socios o accionistas han participado en entidades con operaciones simuladas. La medida busca desincentivar la reutilización de estructuras y prestanombres, pero podría alargar procesos de constitución de empresas y elevar los costos de cumplimiento corporativo. Los contribuyentes contarán con medios de defensa como el recurso de revocación, el juicio contencioso administrativo o el amparo, según corresponda.
Respecto a plataformas digitales, se establecería acceso permanente, en línea y en tiempo real, a información limitada al cumplimiento fiscal de las propias plataformas y aplicaciones —en particular para verificar el entero del IVA—, sin acceso a datos de los usuarios. Esta facultad operaría a partir del 1 de abril de 2026 y se suma al esquema de IVA a servicios digitales vigente desde 2020, que ha incorporado a intermediarios, marketplaces y proveedores extranjeros.
Los impactos potenciales varían por sector. Manufactura y logística, donde la tercerización y el uso intensivo de CFDI son cotidianos, podrían enfrentar auditorías más rápidas y enfocadas en trazabilidad y sustancia económica. En servicios y comercio electrónico, la expectativa es mayor cruce de datos entre facturación, declaraciones informativas y flujos de pago, lo que demanda mejores controles de conciliación, resguardo documental y bitácoras de los sistemas.
En el telón de fondo, la economía mexicana transita un proceso de reconfiguración productiva por el nearshoring y la relocalización de cadenas, mientras la política monetaria se mantiene en niveles restrictivos y la inflación de servicios cede con gradualidad. En este contexto, la estrategia recaudatoria basada en cumplimiento busca sostener las metas fiscales sin un incremento general de impuestos, pero exige al mismo tiempo capacidades institucionales para resolver aclaraciones con celeridad y evitar afectaciones desproporcionadas a pymes formales.
Si el Senado ratifica los cambios antes del 31 de octubre, las empresas tendrán 2025 para ajustar políticas internas: mapear riesgos fiscales por proveedor, blindar contratos y evidencias de materialidad, capacitar equipos contables y legales, y verificar que sus sistemas permitan responder a requerimientos con trazabilidad y tiempos de retención adecuados.
En resumen, el paquete para 2026 refuerza la fiscalización con herramientas tecnológicas y filtros de entrada al padrón, junto con mayor visibilidad sobre la economía digital. Bien implementado, puede acotar la simulación y mejorar la eficiencia recaudatoria; mal ejecutado, puede traducirse en sobrecostos de cumplimiento y controversias. La preparación preventiva y la claridad de reglas serán decisivas para equilibrar ambos objetivos.