La desaceleración económica pone en jaque los ingresos fiscales de México
La economía mexicana enfrenta un panorama de desaceleración en 2024, situación que ya comienza a reflejarse en las finanzas públicas del país. Mientras la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) proyecta un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de entre 1.5% y 2.3% –con un pronóstico puntual de 1.9%–, organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) prevén un incremento considerablemente menor, de apenas 0.4%. Esta diferencia de 1.5 puntos porcentuales podría traducirse, según estimaciones oficiales, en un faltante de hasta 76,350 millones de pesos en ingresos para el Estado mexicano.
La brecha entre las estimaciones de crecimiento refleja la complejidad de la coyuntura actual. Factores como la desaceleración de la actividad manufacturera, la persistente debilidad en la construcción y un estancamiento del consumo interno han mermado algunas de las principales fuentes de dinamismo económico del país. A esto se suma un menor impulso en las exportaciones, subsector clave para la economía mexicana, en un contexto marcado por incertidumbres comerciales y desaceleración de la demanda global.
Especialistas advierten que la falta de motores sólidos de crecimiento ha limitado la recaudación tributaria, afectando tanto los impuestos al consumo (IVA, IEPS) como la recaudación por ISR. “Cuando se reduce la actividad económica, también se reduce la base de los impuestos y, por tanto, los ingresos públicos”, destaca Oscar Ocampo, del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). A ello se suman retos estructurales como la situación financiera de Petróleos Mexicanos (Pemex), cuyo desempeño y los vaivenes en el precio internacional del crudo siguen siendo determinantes en las finanzas públicas nacionales.
Un menor crecimiento no sólo afecta la recaudación tributaria, sino que complica el cumplimiento de los objetivos de consolidación fiscal propuestos por Hacienda. La presión sobre el gasto público persiste, especialmente por el incremento de costos en deuda, pensiones, programas sociales y transferencias a estados. Reducir el gasto podría contribuir a cerrar la brecha fiscal, pero al mismo tiempo tendría el riesgo de frenar aún más la actividad económica, en un círculo vicioso difícil de romper.
Ante este contexto, algunos analistas no descartan que el gobierno federal opte por incrementar los niveles de deuda en los próximos periodos para compensar la caída de ingresos y poder cumplir con las obligaciones de gasto. Sin embargo, esto podría deteriorar la razón deuda-PIB, una métrica clave que los mercados y las agencias calificadoras siguen de cerca para evaluar la estabilidad macroeconómica del país.
En síntesis, el menor crecimiento económico previsto para 2024 representa un desafío central para la política fiscal de México, al elevar el riesgo de mayores déficits y presionar la sostenibilidad de las finanzas públicas. De persistir este escenario, las autoridades enfrentarán decisiones complejas en torno al recorte del gasto, el aumento del endeudamiento o la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos, todo en un entorno económico global incierto y con limitados márgenes de maniobra.
