OCDE advierte freno del crecimiento y pide reformas para destrabar la productividad en México

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) prevé que la economía mexicana se enfrente a una desaceleración significativa en 2025, con un avance estimado de 0.7%, antes de retomar una trayectoria de recuperación paulatina hacia 1.2% en 2026 y 1.7% en 2027. El organismo señala un enfriamiento de la actividad por la debilidad de la inversión, una moderación del consumo y un entorno externo más exigente. En este contexto, la OCDE plantea un paquete de reformas para elevar la productividad, a la que identifica como el principal rezago estructural del país.

El frente externo continúa amortiguando el ciclo. La fortaleza de las exportaciones no automotrices, apalancadas en el T-MEC y en la demanda estadounidense vinculada a cadenas tecnológicas y a la adopción de inteligencia artificial, ha sostenido el PIB pese a la debilidad interna. Para la OCDE, México tiene una ventana de oportunidad con la relocalización de inversiones; sin embargo, convertir ese impulso en crecimiento sostenido exige remover cuellos de botella que limitan la capacidad productiva.

En materia macroeconómica, aunque la inflación general ha cedido, la subyacente permanece por encima de 4%, lo que justifica que el Banco de México mantenga una postura prudente. En el corto plazo, tasas reales aún restrictivas y una menor expansión del empleo podrían acotar el consumo. En paralelo, los aumentos al salario mínimo han elevado el ingreso de los hogares de menores recursos, pero los organismos internacionales recomiendan calibrar su ritmo para evitar efectos de segundo orden sobre precios y empleo formal.

La primera palanca de cambio señalada por la OCDE es un sistema fiscal más robusto que permita financiar inversión de calidad. México continúa entre los países de la OCDE con menor recaudación como proporción del PIB, lo que limita el espacio para consolidación fiscal y para ampliar el gasto en infraestructura, educación y salud preventiva. Un fortalecimiento progresivo de los ingresos, con mayor eficiencia recaudatoria y combate a la informalidad, sería clave para apuntalar el crecimiento potencial sin deteriorar la estabilidad macro.

El segundo eje es simplificar y digitalizar regulaciones, especialmente a nivel estatal y municipal. La heterogeneidad normativa y los trámites presenciales prolongados encarecen la apertura y expansión de negocios. Ventanillas únicas interoperables, licencias y permisos en línea, reglas claras para uso de suelo y tiempos definidos para autorizaciones —incluidas las interconexiones eléctricas— podrían reducir costos, acelerar la inversión y elevar la competencia.

El tercer bloque se enfoca en el capital humano. La OCDE propone ampliar y modernizar la educación técnica y vocacional para alinear habilidades con las necesidades industriales, desde electrónica y equipo eléctrico hasta servicios de ingeniería. Asimismo, fortalecer la educación inicial y la oferta de cuidados infantiles contribuiría a elevar la participación de las mujeres en el mercado laboral, con efectos positivos sobre productividad y formalización.

El diagnóstico se enmarca en una región latinoamericana que, según la OCDE, avanzaría 2.3% en 2025 y 1.9% en 2026, todavía con vulnerabilidades por tensiones comerciales, incertidumbre política y marcos fiscales débiles. La digitalización del sector público aparece como una oportunidad transversal para elevar la productividad. En México, diversos esfuerzos federales y locales para agilizar trámites y compartir datos entre dependencias apuntan en esa dirección, pero aún requieren escala, interoperabilidad y continuidad.

Más allá de la política económica, persisten restricciones que condicionan la capacidad de atraer y retener inversión: disponibilidad y calidad de energía eléctrica, capacidad de transmisión, gestión hídrica en polos manufactureros del norte, infraestructura logística y certidumbre regulatoria. Resolver estos cuellos de botella —junto con avances en estado de derecho y seguridad— será determinante para capitalizar plenamente el nearshoring. La revisión del T-MEC prevista para 2026 añade un incentivo para consolidar cumplimiento regulatorio y dar señales claras a los inversionistas sobre reglas del juego a mediano plazo.

De cara a los próximos años, el desempeño de México dependerá de la velocidad con la que se concreten reformas que eleven la productividad total de los factores. Si se fortalecen los ingresos públicos, se simplifican regulaciones y se invierte en habilidades y cuidados, el crecimiento potencial podría acelerarse y diversificarse. Si los rezagos persisten, el dinamismo seguirá apoyado en exportaciones pero con un avance moderado del PIB y mayor exposición a choques externos.

En síntesis: la OCDE proyecta un bache de crecimiento en 2025 y una recuperación gradual después. La respuesta de política pasa por tres frentes —fiscal, regulatorio y de capital humano— y por atender restricciones de energía, agua e infraestructura. El balance de riesgos sigue sesgado a la baja, pero la ventana de oportunidad del nearshoring permanece abierta si se avanza en reformas y se ofrece certidumbre.