Salario mínimo dará otro salto en 2026; la OCDE pide prudencia ante riesgos para empleo formal e inflación

El aumento de 13% al salario mínimo general a partir de enero de 2026 consolida la recuperación del poder de compra iniciada en 2019, pero también coloca a México en una zona que la OCDE considera de cautela: el salario mínimo ya rebasa 60% del salario mediano, umbral a partir del cual crecen los riesgos sobre empleo formal, productividad y acceso al mercado laboral para jóvenes y trabajadores con menor calificación. El ajuste llega en un contexto de desaceleración de la actividad y un repunte reciente de la informalidad.

Con el nuevo ajuste, el ingreso mínimo mensual alcanzará 9,582.47 pesos, mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte subirá 5%, a 13,409.80 pesos mensuales. La Secretaría del Trabajo destaca que, desde 2018, el poder adquisitivo del mínimo ha avanzado de forma acumulada, con impactos en reducción de pobreza laboral y mejoras en la capacidad de compra. De acuerdo con la autoridad, el nuevo nivel permite cubrir hasta dos canastas básicas, acercándose a la meta oficial de 2.5 canastas hacia 2030.

Para analistas, el incremento tiene beneficios claros: refuerza el ingreso de los hogares con menor poder de negociación, contribuye a acotar la pobreza laboral y envía una señal relevante de cara a la revisión del T-MEC en 2026, al mostrar que México eleva sus estándares salariales y desalienta prácticas de competencia desleal. También podría apoyar al peso si el banco central mantiene una postura monetaria prudente. No obstante, persisten riesgos de persistencia inflacionaria —particularmente en la inflación subyacente— y de presión sobre los costos de empresas en un entorno de menor dinamismo del consumo.

El mercado laboral llega a este ajuste con señales mixtas. Datos recientes apuntan a que todo el crecimiento del empleo en 2025 proviene del sector informal, mientras el empleo formal acumula varios meses de caídas anuales, una combinación que históricamente se asocia con episodios de debilidad cíclica. Además, se observa una moderación en servicios y en exportaciones no automotrices. En ese marco, incrementos adicionales del mínimo podrían tener efectos distintos a los de años previos.

La OCDE recomienda prudencia cuando la razón salario mínimo–salario mediano rebasa 60%, pues aumentos acelerados del costo laboral suelen afectar más a jóvenes, microempresas y actividades intensivas en mano de obra poco calificada. El punto de partida importa: si la productividad no crece al mismo ritmo que los salarios, se estrechan márgenes, se incentiva la sustitución de empleo formal por informal y se eleva el riesgo de traspaso a precios, sobre todo en sectores con baja competencia o con contratos indexados al mínimo.

En el trasfondo, México arrastra una productividad laboral estancada desde hace años, alta informalidad, marcadas brechas regionales y cuellos de botella en infraestructura y energía que encarecen la operación de las empresas. La oportunidad de relocalización de inversiones (nearshoring) puede ayudar a elevar salarios y productividad, pero exige certidumbre regulatoria, capacitación laboral, mayor competencia y una red eléctrica y logística más robusta para que los aumentos del mínimo sean sostenibles sin sacrificar empleo.

El sector empresarial ha respaldado el ajuste, con llamados a evaluar cada año los efectos en inflación, empleo y productividad. Coparmex subraya que el nuevo nivel del mínimo cubre la línea de bienestar familiar —equivalente a dos canastas básicas definida por el Coneval— y celebró que en la frontera norte el incremento sea de 5% para evitar distorsiones en un mercado que ya superaba 2.5 veces el valor de la canasta alimentaria y no alimentaria. El consenso tripartito en la Conasami ha sido clave para dotar de previsibilidad a la ruta de aumentos, coinciden organizaciones empresariales.

Hacia 2026, los focos de atención serán: la trayectoria de la inflación subyacente, la postura de política monetaria, la negociación salarial en empresas y gobiernos locales, y el grado de “efecto faro” del mínimo sobre otras remuneraciones. En el frente externo, la revisión del T-MEC pondrá lupa a la mejora salarial y al cumplimiento laboral, mientras que la llegada de nueva inversión productiva podría amortiguar costos si viene acompañada de mejoras en capital físico y humano. Políticas complementarias —simplificación fiscal para micro y pequeñas empresas, incentivos a la formalización, formación dual y expansión de capacidad energética— pueden ayudar a que el aumento del ingreso se traduzca en productividad.

En síntesis, el nuevo aumento del salario mínimo refuerza un avance social relevante, pero se adopta en una fase de la economía que exige fineza técnica. Su impacto final dependerá de la capacidad de elevar productividad y de mantener ancladas las expectativas de inflación sin erosionar el empleo formal. Un seguimiento cercano de precios, creación de plazas formales e inversión será determinante para calibrar los próximos pasos.