Hacienda y Estados Unidos desarticulan red financiera transnacional ligada al Cártel del Pacífico; se refuerza vigilancia a sectores de alto riesgo
La Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), coordinó con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos un operativo para bloquear operaciones y suspender actividades de empresas y personas presuntamente vinculadas a una red de lavado de dinero asociada al Cártel del Pacífico. Las autoridades identificaron el uso de casinos, restaurantes y firmas de entretenimiento como vehículos para mover recursos ilícitos entre México, Estados Unidos y Europa.
De acuerdo con Hacienda, la OFAC designó al grupo criminal y a 26 relacionados —siete personas físicas y 19 empresas—, mientras que la UIF sumó cinco entidades adicionales. En total, 31 sujetos —24 empresas y siete individuos— fueron incorporados a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) en México, lo que implica el congelamiento inmediato de cuentas y la prohibición de realizar operaciones en el sistema financiero. La investigación detectó triangulación de flujos por más de 1,000 millones de pesos entre México, Estados Unidos, Canadá, Belice, Panamá, Rumania, Polonia y Albania, apoyada en sociedades fachada diseñadas para dispersar capitales a compañías extranjeras.
La UIF presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita y dio vista a la Procuraduría Fiscal de la Federación por probables delitos del orden fiscal. La dependencia subrayó que estas acciones se enmarcan en las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y apuntalan la cooperación bilateral en inteligencia financiera, un eje que en los últimos años se ha consolidado con la aplicación del “Kingpin Act” por parte de Estados Unidos y con los mecanismos de intercambio de información de FinCEN.
Para el sistema financiero mexicano, los bloqueos reafirman la exigencia de fortalecer controles de debida diligencia, identificación del beneficiario final y monitoreo de operaciones inusuales, obligaciones previstas en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y en la ley antilavado (LFPIORPI) para actividades vulnerables como el juego, el entretenimiento y los servicios profesionales. La autoridad también ha endurecido el cumplimiento del Registro de Beneficiarios Controladores, administrado por el SAT, como herramienta clave para desarticular estructuras que oculten la titularidad real de los recursos.
En lo operativo, los sectores intensivos en efectivo —casinos, restaurantes y centros de apuestas— enfrentarán mayor escrutinio bancario y posibles ajustes de riesgo que podrían elevar costos de cumplimiento y limitar relaciones con instituciones financieras, un fenómeno conocido como “de-risking”. Para empresas formales, la trazabilidad de pagos electrónicos, los controles de caja y la segregación de funciones se vuelven esenciales para evitar falsos positivos y garantizar continuidad operativa.
En el frente macro, estas medidas no modifican por sí mismas la trayectoria de la economía, pero sí inciden en el entorno de confianza y en la percepción de integridad del sistema financiero, elementos relevantes en un momento en que México busca capitalizar la relocalización de cadenas (“nearshoring”). Un régimen antilavado creíble y predecible es condición para atraer inversión en manufactura, logística y servicios, y para sostener el acceso a corresponsalías internacionales que hacen posible el comercio exterior y los flujos transfronterizos.
Hacia adelante, se anticipa un incremento de acciones coordinadas en materia de listas y sanciones, así como auditorías focalizadas a actividades vulnerables. También es previsible una mayor adopción de análisis de datos y tecnologías de verificación de identidad por parte de bancos y fintech, mientras que los reguladores podrían emitir guías adicionales de evaluación de riesgo basadas en estándares del GAFI. El reto será equilibrar eficacia en la persecución de ilícitos con certidumbre para los negocios legítimos y respeto al debido proceso.
En síntesis, el bloqueo a las redes señaladas envía una señal de coordinación internacional y de prioridad a la integridad financiera. La clave estará en mantener investigaciones sólidas, supervisión proporcional al riesgo y canales claros de cumplimiento para que el combate al lavado de dinero fortalezca la confianza sin frenar la actividad económica formal.