SAT prepara nuevas herramientas de fiscalización para 2026: visitas con video, control de sellos digitales y mayor supervisión a plataformas

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) se alista para fortalecer su capacidad de auditoría a partir de 2026, con un paquete de cambios al Código Fiscal de la Federación que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados y está en revisión del Senado. La propuesta busca combatir con mayor eficacia la emisión y uso de facturas falsas, así como mejorar la recaudación sin crear nuevos impuestos, en línea con la estrategia de cerrar brechas de evasión y elusiones que han ganado terreno con la digitalización de la economía.

Entre las facultades planteadas destaca la posibilidad de documentar visitas domiciliarias mediante fotografías, audio y video, exclusivamente en casos orientados a probar operaciones inexistentes vinculadas con factureras y empresas fachada. La autoridad deberá informar al contribuyente o responsable presente que el procedimiento se registrará con herramientas tecnológicas, y los archivos se anexarán a las actas como evidencia. El SAT ha explicado que este recurso apunta a domicilios fiscales irregulares —lotes baldíos, inmuebles sin actividad real—, con el fin de robustecer la prueba en procedimientos de auditoría.

Otra medida relevante es la restricción temporal del certificado de sello digital para receptores de comprobantes que presuntamente amparen operaciones simuladas y que no corrijan su situación en un plazo de 30 días, mediante declaración complementaria. La suspensión del sello puede detener la facturación y, por tanto, la operación cotidiana de los negocios. En paralelo, se prevé negar la inscripción al RFC cuando la autoridad detecte que representantes legales, socios o accionistas están vinculados con contribuyentes que han incurrido en facturación falsa conforme a los supuestos del CFF, con el objetivo de bloquear redes de riesgo fiscal.

En materia de economía digital, la iniciativa precisa que las plataformas y aplicaciones otorguen acceso en línea y en tiempo real a información estrictamente relacionada con el cumplimiento de obligaciones fiscales propias —en particular de IVA—, sin alcanzar datos personales de usuarios. El énfasis, según ha aclarado la autoridad, está en el cruce de información para verificar el entero de impuestos y abatir la evasión en servicios digitales, un rubro que desde 2020 cuenta con reglas de retención y traslado de IVA para operadores extranjeros y nacionales.

El contexto macroeconómico ayuda a explicar el sentido de estas medidas. México mantiene una razón de ingresos tributarios respecto del PIB entre las más bajas de la OCDE, lo que limita el espacio fiscal para inversión pública y presiona el financiamiento de compromisos como pensiones, infraestructura y apoyos a Pemex. Ante el compromiso político de no elevar tasas, la ruta prioritaria ha sido ampliar la base y elevar la efectividad recaudatoria. Al mismo tiempo, el avance del nearshoring y la integración manufacturera generan incentivos para formalizar cadenas de suministro, donde la trazabilidad fiscal es cada vez más determinante en auditorías internas y de cumplimiento ESG.

Para las empresas, los cambios implican ajustes operativos: reforzar la diligencia debida de proveedores para mitigar el riesgo de vinculación con EFOS, revisar de forma continua las listas y criterios del artículo 69-B, documentar sustancia económica de operaciones y robustecer controles de facturación. La eventual restricción del sello digital subraya la necesidad de planes de contingencia, gestión de evidencias y atención oportuna de requerimientos para evitar paros operativos. En plataformas, la interoperabilidad de sistemas, seguridad de datos y registros auditables serán clave para cumplir con acceso en tiempo real sin vulnerar privacidad.

En el plano legal, la incorporación de evidencia audiovisual exigirá protocolos claros de cadena de custodia, resguardo de datos y límites de actuación para preservar el debido proceso y los derechos del contribuyente. Es previsible que se emitan reglas misceláneas y criterios normativos que definan procedimientos, salvaguardas y tiempos de conservación; también podrían presentarse impugnaciones vía amparo si se perciben excesos o ambigüedades. La coordinación con el regulador de protección de datos será relevante para acotar riesgos y evitar litigios derivados del uso de información sensible.

De aprobarse en el Senado, las disposiciones entrarían en vigor el 1 de enero de 2026, lo que deja un margen para capacitación de verificadores, inversión en infraestructura tecnológica y difusión de lineamientos. El éxito del esquema dependerá de la proporcionalidad en la aplicación, la transparencia en criterios de riesgo y la certidumbre para contribuyentes cumplidos, a fin de evitar impactos negativos en liquidez y operación, especialmente en pequeñas y medianas empresas.

En síntesis, el paquete fiscal endurece la verificación de hechos y la trazabilidad de operaciones con un enfoque en facturas falsas y economía digital. Si se implementa con reglas claras, salvaguardas de derechos y acompañamiento a contribuyentes, puede apuntalar la recaudación y la formalidad sin frenar la actividad. La clave estará en calibrar los incentivos: más certidumbre para quien cumple y consecuencias ágiles y probadas para quien simula.