Plataformas de streaming piden revisar el “apagón fiscal” en México ante la evaluación del T-MEC

Empresas internacionales de música en línea agrupadas en la Digital Media Association (DIMA) solicitaron a la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos que, rumbo a la revisión del T-MEC de 2026, se evalúe el llamado “kill switch” fiscal de México. El mecanismo, vigente desde 2020, permite a las autoridades solicitar a los operadores de telecomunicaciones el bloqueo de servicios digitales no residentes que incumplen obligaciones locales como registrarse ante el SAT, contar con RFC y representante legal, obtener e.firma y declarar y pagar IVA. La industria alega que la medida es desproporcionada, introduce incertidumbre y podría vulnerar compromisos de trato nacional y no discriminación en servicios transfronterizos y telecomunicaciones.

De acuerdo con DIMA, el bloqueo —aplicable solo a proveedores extranjeros— altera la previsibilidad que requieren servicios digitales que operan en cadenas de suministro globales. La asociación sostiene, además, que cambios previstos para 2026 en materia de fiscalización digital, que exigen acceso continuo y en tiempo real a ciertos datos operativos con fines tributarios, podrían tensionar disposiciones del capítulo de Propiedad Intelectual del T-MEC al tocar información confidencial y secretos comerciales.

La postura del gobierno mexicano, expresada en diversas ocasiones desde la reforma de 2020, ha sido que el esquema busca “piso parejo” entre actores locales y foráneos, cerrar brechas de recaudación en la economía digital y evitar competencia desleal. El SAT ha enfatizado que la mayoría de las plataformas relevantes se registraron y cumplen, y que el bloqueo es un recurso de última instancia. En América Latina, varias jurisdicciones han optado por gravar servicios digitales con IVA y, en algunos casos, prevén sanciones administrativas o técnicas frente al incumplimiento; sin embargo, no todas incluyen la desconexión de red como herramienta principal.

El debate no es menor para México. El mercado de audio en streaming se ha convertido en uno de los más dinámicos de la región, con una base amplia de usuarios que consumen música, podcasts y audiolibros y una proporción creciente de suscriptores de paga. El liderazgo de plataformas globales convive con oferta local y con un ecosistema de sellos, agregadores y gestores de derechos que dependen de flujos de pago predecibles. Para los creadores, un entorno regulatorio estable incide en regalías y planificación; para los consumidores, en diversidad de catálogos y precios.

El contexto comercial añade presión. La revisión del T-MEC de 2026 llegará tras años de fricciones en temas como energía, agricultura y reglas laborales, y con un nearshoring que ha reforzado la integración productiva de Norteamérica. Digital y datos serán capítulos sensibles: Estados Unidos y Canadá han defendido con firmeza la libre circulación de datos con salvaguardas de privacidad, mientras México busca consolidar la recaudación en segmentos digitales sin cerrar el mercado. Un desacuerdo sobre el “apagón fiscal” podría escalar a consultas formales y, de no resolverse, a un panel, aunque también hay margen para ajustes legislativos o lineamientos que mitiguen la preocupación sin vaciar la capacidad de fiscalización.

Más allá del comercio, hay implicaciones operativas. Implementar bloqueos con base tributaria recarga obligaciones en operadores de telecomunicaciones y puede generar litigios sobre debido proceso, plazos y criterios técnicos. Para las plataformas, los costos de cumplimiento —desde representación legal hasta adaptaciones de facturación— son parte del negocio; el riesgo es la desconexión abrupta. Para el consumidor, cualquier reducción de competencia o interrupción de servicios puede derivar en menos opciones y presiones de precio.

El frente fiscal también pesa. Tras un déficit elevado en 2024 por mayor inversión pública y apoyos a empresas estatales, el Paquete Económico de 2025 busca encauzar las finanzas públicas sin una reforma tributaria de gran calado. En ese marco, robustecer la eficiencia recaudatoria —incluida la del IVA a servicios digitales— luce como una vía de bajo costo político. El reto es calibrar las herramientas: incentivos y multas efectivas, certeza jurídica y cooperación internacional en lugar de sanciones que puedan interpretarse como discriminatorias o desproporcionadas.

En síntesis, la tensión entre el objetivo legítimo de México de cobrar impuestos a la economía digital y la obligación de evitar barreras injustificadas al comercio será uno de los test clave de la revisión del T-MEC. Un ajuste que preserve la recaudación, garantice confidencialidad y elimine dudas de trato discriminatorio podría dar certidumbre a empresas, creadores y usuarios, y evitar que un mercado en expansión quede atrapado en una disputa comercial innecesaria.

Observación final: El tema se definirá por el balance entre eficacia recaudatoria y previsibilidad regulatoria. Si México y sus socios logran reglas claras, proporcionales y con debido proceso, el ecosistema digital regional saldrá fortalecido; si no, el “apagón” podría convertirse en un foco de fricción con costos para inversión, competencia y cultura.