Relevo en Hacienda: Pemex y combate al lavado de dinero centran la agenda económica

El Congreso de la Unión ratificó a María del Carmen Bonilla Rodríguez como subsecretaria de Hacienda y a Omar Reyes Colmenares como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en un relevo que coloca dos frentes prioritarios en el tablero económico: el saneamiento financiero de Petróleos Mexicanos (Pemex) y el fortalecimiento del andamiaje antilavado. Los nombramientos, enviados por la presidenta Claudia Sheinbaum, llegan en la antesala de la entrega del Paquete Económico 2026, prevista para el 8 de septiembre, y en un contexto de mayor escrutinio internacional sobre la integridad del sistema financiero.

Desde su nueva posición, Bonilla —quien previamente encabezó la Unidad de Crédito Público y Asuntos Internacionales— será pieza clave en la estrategia de optimización del balance del sector público. Hacienda ha detallado dos medidas en marcha: operaciones para bajar el costo financiero de la deuda de Pemex y un fondo de inversión en infraestructura por 250,000 millones de pesos con Banobras, orientado a detonar proyectos que eleven productividad y crecimiento potencial. La subsecretaria anticipó una tercera acción enfocada en amortizaciones de deuda de mercado, con el objetivo de apuntalar un proceso de desendeudamiento gradual. Tras recientes operaciones de financiamiento, se reportó una mejora en la evaluación crediticia de Pemex por parte de una agencia internacional, un punto observado de cerca por inversionistas y calificadoras.

El reto es considerable: Pemex arrastra una de las cargas financieras más altas entre petroleras estatales, en un entorno de producción acotada, costos operativos elevados y necesidades constantes de inversión. La trayectoria de apoyo federal a la empresa incide directamente en las cuentas públicas, por lo que los anuncios de Hacienda serán leídos a la luz de la ruta de consolidación fiscal que el gobierno trace en el Paquete 2026. Lograr un equilibrio entre respaldo a la petrolera, inversión pública y disciplina presupuestaria será determinante para sostener la confianza de los mercados, contener el costo de financiamiento soberano y preservar márgenes de maniobra para políticas de desarrollo.

En paralelo, la UIF bajo Reyes Colmenares —con trayectoria en seguridad e inteligencia y experiencia en coordinación internacional— buscará robustecer la prevención y combate al lavado de dinero con mayor uso de tecnología, analítica de datos y cooperación interinstitucional. La reciente reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita refuerza herramientas como la lista de personas bloqueadas y la trazabilidad de operaciones inusuales en sectores financieros y no financieros. México encara próximas evaluaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que suelen traducirse en recomendaciones puntuales; evitar rezagos es clave para no elevar costos de cumplimiento, mantener ágiles los flujos transfronterizos y consolidar la competitividad del país.

El frente externo también condiciona la agenda. En Estados Unidos persisten presiones políticas y regulatorias en torno al combate al crimen organizado y el flujo de capitales ilícitos, así como señalamientos recientes contra instituciones financieras. Para México, afinar la coordinación con autoridades como FinCEN y organismos multilaterales, fortalecer la identificación de beneficiarios finales y mejorar la calidad de reportes regulatorios son pasos necesarios para blindar la estabilidad financiera y reducir riesgos reputacionales que podrían encarecer el crédito o frenar inversiones.

Los mercados estarán atentos a tres hitos inmediatos: detalles de la tercera medida para Pemex, los lineamientos fiscales que contendrá el Paquete Económico 2026 y la evolución del ciclo monetario. Con una inflación que ha cedido respecto a sus máximos y una postura de política monetaria aún restrictiva, la interacción entre política fiscal, apoyo a la petrolera y el desempeño del peso será determinante para el apetito por activos mexicanos. En el frente real, la captación de inversiones por relocalización productiva seguirá exigiendo infraestructura, certidumbre regulatoria y avances tangibles en cumplimiento antilavado.

En suma, el relevo en Hacienda y la UIF alinea dos prioridades estratégicas: despresurizar el balance de Pemex sin comprometer la disciplina fiscal y cerrar brechas en prevención de lavado de dinero. La ejecución, la transparencia de las medidas y la coordinación con el sistema financiero serán factores clave para sostener la confianza y anclar una trayectoria de crecimiento con menor riesgo.