Calificadoras endurecen el escrutinio fiscal: Hacienda enfrenta el reto de recortar sin frenar la economía
Moody’s y S&P colocan el foco en el déficit, Pemex y el bajo crecimiento, elevando la urgencia de una consolidación fiscal creíble.
La rebaja de calificación soberana por parte de Moody’s y el cambio de perspectiva a negativa de Standard & Poor’s (S&P) han elevado la exigencia sobre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para demostrar, con resultados medibles, que México puede reducir su déficit y estabilizar la trayectoria de la deuda sin provocar un deterioro mayor de la actividad económica.
En términos prácticos, el mensaje de las agencias es doble: por un lado, el país aún conserva grado de inversión, pero por otro, el margen de maniobra se ha estrechado ante un entorno de crecimiento moderado, presiones de gasto y la persistencia de pasivos contingentes, especialmente los asociados al apoyo financiero a Pemex. Para el mercado, esto no solo afecta la percepción de riesgo, sino que también puede traducirse en un mayor costo de financiamiento si la credibilidad fiscal se debilita.
S&P mantuvo la nota en BBB, pero cambió la perspectiva de estable a negativa al argumentar que el crecimiento lento, las restricciones presupuestarias y la posible materialización de compromisos fuera de balance podrían complicar la consolidación fiscal. Poco después, Moody’s recortó la calificación de México de Baa2 a Baa3; si bien ajustó la perspectiva a estable, subrayó la debilidad fiscal y el desempeño económico insuficiente como elementos estructurales.
El foco de atención recae sobre un déficit que se ha mantenido elevado y sobre la dependencia de recursos extraordinarios para cuadrar las cuentas. El Gobierno ha trazado una ruta para reducir el déficit como proporción del PIB: después de llevarlo de niveles altos en 2024 a un menor registro en 2025, la meta oficial busca continuarlo a la baja en 2026 y 2027. Sin embargo, el avance se vuelve más complejo cuando los ingresos no alcanzan lo programado y la economía crece por debajo de lo previsto.
En el arranque del año, los datos fiscales reflejaron tensiones: hubo ingresos públicos por debajo de lo esperado y, en paralelo, un gasto observado inferior al programado, señal de un intento por contener erogaciones en un contexto de menor dinamismo. Para analistas, esta combinación revela que la consolidación se está intentando sostener más por el lado del gasto —donde Hacienda tiene control inmediato— que por el de los ingresos, que dependen más del ciclo económico.
La situación se vuelve más delicada por el papel de Pemex en la ecuación fiscal. El respaldo a la empresa productiva del Estado ha sido relevante en los últimos años y, aunque las autoridades han buscado reordenar su perfil de vencimientos y apoyarla con mecanismos financieros y presupuestarios, las agencias y el mercado siguen viendo el tema como un factor que puede presionar deuda, costo financiero y prioridades del gasto público.
El dilema: recortar inversión para cumplir metas puede debilitar el crecimiento
Uno de los principales riesgos de una estrategia basada en recortes es dónde recae el ajuste. En la práctica, la inversión pública suele ser una de las partidas más vulnerables, por su flexibilidad administrativa frente a gastos rígidos como pensiones, costo financiero o compromisos operativos. Pero recortar inversión pública puede tener un efecto de segunda ronda: reduce demanda en el corto plazo y limita la formación de capital en el largo plazo, afectando productividad, infraestructura y el atractivo para la inversión privada.
Además, si la contención del gasto se extiende a rubros sensibles —como salud, educación o medio ambiente— pueden aumentar presiones sociales y deteriorarse capacidades del Estado, lo que también termina afectando el entorno para crecer. En un país donde el mercado interno pesa y donde la integración manufacturera con Norteamérica impulsa regiones específicas, una consolidación fiscal desordenada puede amplificar disparidades y complicar el objetivo de crecimiento sostenido.
El telón de fondo incluye una economía que, si bien mantiene motores como las exportaciones manufactureras y la relocalización de cadenas productivas, enfrenta frenos: la desaceleración global, la incertidumbre regulatoria en algunos sectores, cuellos de botella de infraestructura, y un entorno de tasas aún elevadas que encarece el crédito. A esto se suma el desafío de mejorar la recaudación sin sofocar la formalidad: México sigue con una base tributaria relativamente estrecha frente a pares, por lo que el equilibrio entre fiscalización, simplificación y certidumbre para invertir se vuelve crucial.
Para los próximos trimestres, el riesgo no es únicamente una mayor volatilidad financiera; también lo es que el ajuste fiscal sea insuficiente para convencer a las agencias o demasiado agresivo para sostener el crecimiento. Con una perspectiva negativa vigente en al menos una de las principales calificadoras, el Gobierno enfrenta la presión de presentar medidas creíbles —ya sea por eficiencia del gasto, reasignaciones, fortalecimiento de ingresos recurrentes o una estrategia más clara para Pemex— antes de que el deterioro de la narrativa fiscal se refleje en mayores costos y menor espacio presupuestario.
En síntesis, las decisiones que se tomen sobre el balance entre recorte de gasto, impulso a la recaudación y manejo de pasivos contingentes definirán el tono del debate económico en México: el objetivo no es solo cumplir una meta anual de déficit, sino estabilizar la deuda y sostener el crecimiento en un entorno interno y externo menos benigno.